Navarra reclama más garantías para denunciantes de corrupción

Navarra se ha sumado a otros territorios del Estado en una petición conjunta para que el Gobierno central y los legisladores se replanteen muchos de los aspectos de la ley de protección del informante, una especie de estatuto para garantizar que los ciudadanos que denuncien prácticas corruptas –en la administración, en empresas...– tengan una especial protección jurídica contra las represalias.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, junto con sus homólogos de Catalunya, Valencia, Baleares, Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid, ha firmado un escrito en el que tilda de “insólitos” algunos aspectos de la ley, que ahora mismo tiene “un peligroso efecto desincentivador” para aquel que sospeche que se está cometiendo una práctica irregular y no sepa cómo denunciarlo.

Creen que ahora mismo la ley sería contraproducente, razón por la que hay que hacer algunos cambios rápidos en el escaso margen que deja la legislatura. Margen todavía más estrecho si se tiene en cuenta que el plazo de enmiendas en el Congreso acaba este miércoles.

Es una exigencia europea

Las oficinas han elaborado dos documentos. Una declaración institucional y una propuesta de enmiendas. Ambos textos parten de un principio: España va tarde en la aplicación de la normativa europea al respecto. Desde el año 2019, la UE obliga a tener un estatuto de protección para las personas que denuncian posibles casos de corrupción.

El Estado tenía de plazo hasta finales de 2021 para trasponer la directiva, pero es algo que no ha hecho. Además de ir tarde, el Gobierno ha elaborado una ley que es más restrictiva que la directiva europea. Supone avances. Pero también contiene aspectos que sí o sí tienen que reformularse para que la ley no termine siendo, otra vez, papel mojado, porque ahora mismo contiene artículos totalmente “desalineados con el fomento de la cultura de la denuncia o de la alerta”.

¿Cuáles son las peticiones? Un resumen es este. En primer lugar, las oficinas quieren que el Estado tenga más en cuenta la red autonómica de organismos que ya llevan años trabajando en este aspecto.

Los organismos anticorrupción creen que en el proyecto debe incluirse entre los conceptos a denunciar no solo posibles delitos, sino lo que llaman “prácticas abusivas”: actos u omisiones que desde el punto de vista formal no parecen ilícitos, pero que desvirtúan la ley.

Otro aspecto a reformar es el relativo a los supuestos que quedan fuera de la protección de la ley. Las oficinas no entienden que en la redacción se de una posición de privilegio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que no contempla ni de lejos la directiva europea. Tampoco que queden fuera denunciantes que alerten sobre irregularidades en procesos de información clasificada, secreta o reservada.

La oficina entiende que no puede tener un estatuto de especial protección quien para hacer la denuncia haya tenido que cometer un delito antes. Son límites que pone la propia UE y son hasta cierto punto entendibles. Pero los organismos consideran que la coletilla “delitos o faltas muy graves” que añade la ley española es improcedente. Porque qué es un delito está claro, pero la ambigüedad y amplitud de una falta grave puede ser problemática.

Insólito desincentivo

Hay más, y este es un punto clave: las oficinas creen que se tienen que eliminar varios puntos del artículo 18, especialmente uno que otorga al órgano gestor –una comisión encargada de tramitar las denuncias– la capacidad para remitir a la Fiscalía las denuncias que no tengan fundamento, por si cometieran un delito. “Esto es insólito y tiene un potencial efecto desincentivador”.

Por último, las oficinas echan de menos que el principio de buena fe no impregne el texto del Estado, a diferencia del de la UE.

Denunciar la corrupción es bueno por sí mismo, cree la UE, y hay que presuponer que el que se expone no lo va a hacer con el ánimo de perjudicar por perjudicar, sino que asume riesgos –para eso la ley– para contribuir a una sociedad mejor. De ahí que también se solicite que las denuncias puedan formularlas no solo las personas afectadas, sino sus círculos familiares más inmediatos.