Las familias del IPI Mendialdea en Kanpezu -el centro de educación más amplio de Montaña Alavesa y el único que ofrece toda la etapa de educación obligatoria, entre 2 y 16 años- han mostrado su profunda decepción tras el debate celebrado el jueves 18 de junio en el Parlamento Vasco sobre la proposición no de ley relativa a la creación de un plan de refuerzo de especialistas para garantizar la atención a la diversidad en los centros educativos del ámbito rural.
Durante meses, las familias del centro han venido reclamando soluciones para una realidad que afecta directamente al alumnado con necesidades educativas especiales de la Montaña Alavesa.
Su principal demanda es que los recursos de apoyo educativo se mantengan durante toda la Educación Secundaria Obligatoria, evitando que los estudiantes se vean obligados a abandonar su centro de referencia a partir de 3º de la ESO para continuar recibiendo la atención especializada que precisan.
Sin embargo, "los partidos del gobierno (EAJ-PNV y PSE-EE) han hecho valer su mayoría para aprobar su enmienda que insta al Departamento de Educación a continuar desarrollando el modelo inclusivo recogido en el Decreto 78/2024 y a seguir aplicando los mismos principios y criterios en todo el territorio. El resultado del debate supone que todo siga igual, sin ofrecer respuestas concretas a los problemas que afrontan actualmente los centros rurales", han subrayado.
Realidad demográfica
En concreto, las familias denuncian que la supresión de determinados apoyos educativos a partir de 3º de la ESO responde a unos ratios establecidos por el Departamento de Educación, que "no tienen en cuenta la realidad demográfica de las escuelas rurales".
Esta situación provoca que alumnado con necesidades educativas especiales pierda recursos fundamentales para su desarrollo académico y personal.
Asimismo, lamentan que no prosperaran las enmiendas planteadas por los grupos de la oposición, que buscaban reforzar los recursos especializados, garantizar una atención más adecuada a la diversidad en los centros rurales y, sobre todo, asegurar que este alumnado no tenga que abandonar su entorno para acabar la enseñanza secundaria obligatoria.
Las familias recuerdan que esta situación genera graves consecuencias para el alumnado y para el conjunto de la comarca. Por un lado, obliga a niños y niñas a abandonar el entorno educativo en el que han crecido y donde han desarrollado sus vínculos personales y sociales. Por otro, empuja a muchas familias a asumir largos desplazamientos diarios o incluso a plantearse el traslado fuera de sus pueblos para garantizar una educación adecuada a sus hijos e hijas.
“Lo único que pedimos es igualdad de oportunidades. Queremos que nuestros hijos e hijas puedan completar su educación obligatoria en su centro de referencia, con los apoyos que necesitan y sin verse obligados a recorrer kilómetros cada día o abandonar su entorno”, han sentenciado las familias.