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Melgosa ensalza la figura de la psicología forense para atender a los más vulnerables

La consejera pone en valor que la asistencia de estos expertos “no supone un menoscabo de la independencia judicial”
Nerea Melgosa (centro), en el congreso, junto al presidente del TSJPV, Iñaki Subijana; y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Deusto, María Carrasco
Nerea Melgosa (centro), en el congreso, junto al presidente del TSJPV, Iñaki Subijana; y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Deusto, María Carrasco / MITXI Miguel Calvo Alejo

Son los jueces y las juezas los que deben valorar si una persona acusada es imputable o no. O evaluar la credibilidad de un testimonio. Sin embargo, hay casos “complejos” que requieren del asesoramiento especializado. Y es ahí cuando aparece la psicología forense.

Sin embargo, la utilización de esta figura en el sistema jurídico “no debe entenderse como menoscabo de la independencia e inmediación judicial”. Así lo expuso la consejera Nerea Melgosa ayer, ensalzando la figura de esta profesión en la atención, sobre todo, a las personas más vulnerables.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco participó en el acto inaugural del I Congreso de Psicología Forense, que se celebra en Bilbao bajo el título Psicología y Justicia al servicio de las personas vulnerables, al que también acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto, María Carrasco; la decana del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia, Begoña Rueda; y el presidente de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, Fernando Álvarez.

Durante tres días, profesionales de la Psicología y de la Psicología Forense tratarán diferentes aspectos relacionados con la evaluación a efectos penales de la capacidad de personas con trastorno mental; las pruebas preconstituidas y la valoración del testimonio de menores víctimas de violencia sexual; la intervención pericial en procesos civiles de familia que involucren a menores.

O en casos de personas con discapacidad; la valoración de situaciones de alto conflicto interparental o la intervención en caso de menores en conflicto con la ley.

Así, Melgosa hizo hincapié en la importancia “del asesoramiento especializado que aporta la Psicología Forense; especialmente en el caso de personas más vulnerables como son las personas menores, las personas con discapacidad intelectual o ciertas categorías de víctimas, por ejemplo, las víctimas de abusos sexuales”.

Plan estratégico justicia

Y es que la consejera recordó que ya está estipulado en el Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 del Gobierno Vasco, como segunda línea estratégica, “impulsar una justicia que facilite el acceso y apoye a las personas más vulnerables”. Y para llevarlo a cabo, el documento contempla acciones que ponen de relieve la necesidad de auxilio técnico psicológico que requieren los órganos judiciales a la hora de abordarlas.

Tras explicar que a lo largo de los últimos años diferentes leyes han visibilizado la necesidad de este cuerpo de expertos, la consejera subrayó que en Euskadi “ya existen servicios de Psicología Forense en todos los partidos judiciales”. Además, la consejera de Justicia puso en valor la formación en esta materia.

Así, Nerea Melgosa habló de la creación de másteres de especialización en diversas universidades, y puso sobre la mesa la posibilidad de que en unos años se pueda formar al alumnado vasco en esa materia, ya que reconoció que “es posible” que en el futuro “se puedan cursar también en las universidades vascas”.

Plan justicia

  • 1.500 El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 de Euskadi contará con una inversión superior a 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales con el objetivo de transformar y mejorar la gestión y la prestación de este servicio público en Euskadi.
  • Objetivos. En el plan se recogen como objetivos principales la prestación de una especial protección a los colectivos más desfavorecidos, la garantía de los derechos lingüísticos, el desarrollo de los medios adecuados para la solución de controversias y la implantación de un modelo organizativo “apoyado en personas motivadas, en la mejora de la gestión y en una justicia digital plenamente operativa”.
2024-04-20T07:04:04+02:00
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