Las autoridades de Malasia han anunciado este jueves el traslado de unos 10.000 refugiados rohingyas a Turquía en el marco de uno de los mayores programas de este tipo puestos en marcha por el país asiático y que llega tan solo un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya concluido que las autoridades birmanas cometieron un genocidio contra esta minoría musulmana durante sus operaciones militares en 2017.
Estas labores de "reasentamiento", como las ha descrito el Gobierno malasio, se realizarán mediante un programa estructurado de capacitación profesional, en una de las mayores iniciativas puestas en marcha hasta la fecha.
Hacer frente a la crisis migratoria
El plan, dado a conocer por el vice primer ministro de Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, se enmarca en los esfuerzos para abordar el creciente flujo migratorio de rohingyas procedentes del estado de Rajine, en el oeste de Birmania, con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria de forma "coordinada, eficaz y humana" a pesar de las críticas de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
"Celebro el acuerdo del Gobierno de Turquía para recibir a 10.000 refugiados rohingyas. Esto representa un paso importante en los esfuerzos de Malasia por encontrar una solución a largo plazo a un problema que, desde hace tiempo, plantea desafíos para la gestión migratoria y la seguridad nacional", ha aclarado en un comunicado.
Rohingyas huyendo de la violencia en Birmania, en 2017.
En este sentido, ha defendido que esta medida podría servir como modelo de colaboración entre países para gestionar el reasentamiento de refugiados y ha dicho trabajar con las autoridades turcas, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otros organismos para coordinar estas labores.
193.000 refugiados birmanos
Desde enero, Malasia ha deportado a más de 10.000 rohingyas birmanos a su país de origen, supuestamente de forma voluntaria. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Malasia ha recibido a unos 193.000 refugiados procedentes de Birmania, según datos de Naciones Unidas, lo que ha suscitado la polémica. El Gobierno ha alertado de los problemas económicos derivados de su continuada presencia y de una disminución de la seguridad.
No obstante, desde la ONU lamentan que Birmania sigue sumido en el conflicto y atraviesa una grave situación humanitaria, al tiempo que han expresado su preocupación por este aumento de las deportaciones, habida cuenta de que los afectados podrían enfrentarse a graves riesgos a su regreso.