Actualizado hace 4 horas
Vitoria-Gasteiz ha amanecido este miércoles bajo un despliegue policial insólito en la zona de Campo de los Palacios en los antiguos pabellones industriales ocupados de las empresas URSSA y EGA, que desde hace meses se han convertido en un punto crítico de convivencia y seguridad para la ciudad.
El operativo, que ha contado con la participación de más de 50 agentes, ha movilizado recursos de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía Local, trabajando de forma conjunta para abordar una situación que el Ayuntamiento ya calificaba de insostenible. En el centro de la intervención se encuentran unas 120 personas que pernoctaban en estas instalaciones en condiciones de extrema precariedad.
Un dispositivo blindado
Desde primeras horas de la mañana, la calle Campo de los Palacios ha quedado totalmente cortada al tráfico, permitiendo que las unidades policiales tomaran posiciones de forma segura. El despliegue no ha sido solo una cuestión de orden público, sino una acción preventiva integral motivada por el incremento de robos en la zona y la sospecha de que estos pabellones servían como almacén de objetos sustraídos.
La coordinación entre los cuerpos policiales ha sido milimétrica. Mientras la Policía Local gestionaba el perímetro y el tráfico, y la Ertzaintza aseguraba el interior de las naves, la sección de Extranjería de la Policía Nacional se ha encargado de identificar, uno a uno, a todos los ocupantes que abandonaban el recinto. Según fuentes oficiales, estas personas han ido saliendo de las instalaciones bajo vigilancia policial y de manera escalonada, sin que se registraran incidentes de gravedad o altercados violentos durante las primeras horas de la intervención.
Insalubridad y riesgo de derrumbe
La situación de las fábricas de URSSA y EGA no es nueva. Los pabellones llevan okupados desde el año 2024 por decenas de personas sin hogar. Sin embargo, lo que inicialmente era un problema de vivienda se ha degradado hasta convertirse en una amenaza para la salud pública. Los informes municipales ya advertían de que las instalaciones se habían transformado en "focos de suciedad y residuos", donde la acumulación de basura y las nulas condiciones higiénicas suponían un riesgo tanto para los ocupantes como para los vecinos de los barrios colindantes.
A la insalubridad se suma el deterioro estructural de los edificios. El Ayuntamiento de Vitoria ya había enviado requerimientos formales a los propietarios de las naves para que procedieran a su limpieza y cerramiento, alertando del riesgo real de derrumbe de algunas partes de la estructura. La intervención de este miércoles parece ser la respuesta definitiva a una cuenta atrás que la propia alcaldesa, Maider Etxebarria, ya había vaticinado horas antes al asegurar que los ocupantes "sabían que tenían allí los días contados".
Tensión vecinal y conflictos con Errekaleor
El clima de tensión en torno a estos pabellones se ha visto agravado en las últimas semanas por una serie de enfrentamientos violentos. Los residentes de las fábricas de URSSA protagonizaron altercados con miembros del barrio "autogestionado" de Errekaleor. Estos incidentes, que se saldaron con varios heridos, se desencadenaron cuando un grupo procedente de las fábricas intentó acceder a una vivienda vacía en el barrio de propiedad municipal.
Estos episodios de violencia inter-okupa aceleraron la presión política y social para actuar sobre el foco de Campo de los Palacios. La operación busca no solo el desalojo, sino también poner fin a una dinámica de conflictividad ciudadana que empezaba a desbordar los cauces habituales de mediación.
Futuro de las naves
A media mañana, las autoridades han confirmado que las instalaciones de URSSA y EGA han sido totalmente desocupadas. El balance provisional incluye alguna detención, aunque los datos definitivos sobre materiales recuperados o la situación legal de los identificados se darán a conocer una vez que el Departamento de Seguridad dé por cerrada oficialmente la operación.
La imagen de una decena de vehículos de la Ertzaintza y otros tantos de la Policía Nacional y Local retirándose de la zona marca el fin de un capítulo de okupación industrial que ha durado dos años. Ahora, el reto para el consistorio vitoriano será asegurar que estas naves no vuelvan a ser ocupadas y que los propietarios asuman su responsabilidad en la limpieza y aseguramiento del espacio.