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Las investigaciones por presunta corrupción que afectan al PSOE han reabierto en apenas unas semanas el debate sobre la actuación de la Justicia y los tiempos de los grandes procedimientos judiciales. Una discusión que trasciende la actualidad política y que obliga a mirar atrás para comprobar en qué punto se encuentran algunas de las macrocausas más importantes de las últimas décadas, varias de ellas todavía pendientes de juicio o de una resolución definitiva.
Gürtel, Púnica, Kitchen, Lezo o las distintas piezas de la denominada caja B del Partido Popular conforman un entramado judicial que ha marcado la vida política española durante más de dos décadas. Mientras algunas piezas han concluido con condenas firmes y otras con absoluciones o archivos, varios procedimientos continúan pendientes de juicio o de una resolución definitiva, reflejo de la enorme complejidad que caracteriza a este tipo de macrocausas.
Más allá del recorrido procesal de cada causa, estas investigaciones también plantean preguntas que trascienden el ámbito judicial. ¿Cómo se explica que algunos procedimientos sigan abiertos más de veinte años después? ¿Por qué unos responsables fueron condenados mientras otros nunca llegaron a sentarse en el banquillo? ¿Qué ocurre cuando una investigación se prolonga tanto que alguno de sus protagonistas fallece antes de conocer una sentencia definitiva?
La evolución de estas macrocausas ha reabierto, además, el debate sobre los tiempos de la Justicia, la responsabilidad de quienes ocupaban la cúspide de las organizaciones y las dificultades que entraña investigar algunos de los mayores sumarios por corrupción de la democracia.
El origen del laberinto judicial
Cuando se habla de una macrocausa suele dar la impresión de que se trata de un único procedimiento judicial. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lo que comienza como una investigación sobre una presunta trama de corrupción acaba, en muchas ocasiones, dividido en decenas de piezas separadas que avanzan a ritmos diferentes, con acusados distintos, tribunales competentes diferentes y calendarios procesales propios.
El mejor ejemplo es el caso Gürtel. La investigación comenzó en 2009, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones de una red empresarial encabezada por Francisco Correa —apellido cuya traducción al alemán dio nombre al caso—. Lo que en un principio parecía una causa más por presunta corrupción vinculada al PP, terminó convirtiéndose en el caso de corrupción más grave de la democracia y en el origen de decenas de procedimientos independientes que, más de quince años después, siguen teniendo recorrido judicial.
Desde entonces, algunas piezas han concluido con condenas firmes; otras terminaron en absolución o fueron archivadas; y varias permanecen todavía pendientes de juicio o de una resolución definitiva. El paso del tiempo también ha dejado situaciones difíciles de encontrar en otros procedimientos judiciales: algunos de los principales investigados fallecieron antes de que las causas llegaran a su fin y, más de quince años después de las primeras detenciones, el debate ya no gira únicamente en torno a los hechos investigados, sino también sobre quién acaba respondiendo penalmente en las grandes organizaciones.
¿Quién responde al final?
Más de veinte años después del inicio de las primeras investigaciones, el balance judicial de las macrocausas vinculadas al Partido Popular dibuja un escenario desigual. Tesoreros como Luis Bárcenas, empresarios, alcaldes, concejales, consejeros autonómicos, gerentes y numerosos cargos públicos fueron juzgados y, en muchos casos, condenados en distintas piezas. Sin embargo, el recorrido procesal de varios de los máximos responsables políticos fue muy distinto: algunos resultaron absueltos, otros nunca llegaron a ser procesados y otros ni siquiera se sentaron en el banquillo.
Esa diferencia ha alimentado durante años uno de los debates jurídicos más relevantes surgidos alrededor de estas investigaciones: ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad penal de quienes dirigen una organización cuando los delitos son ejecutados por otras personas? El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro resumió esa discusión al referirse a la figura del "hombre que está detrás", una reflexión sobre si la posición de máxima responsabilidad dentro de una estructura puede, por sí sola, fundamentar una condena o si resulta imprescindible acreditar una participación concreta en los hechos investigados.
Ese debate trascendió pronto el ámbito de los tribunales. En un reportaje publicado por El País, un dirigente del PP procesado por corrupción resumía esa percepción con una frase tan contundente como controvertida: "Los jefes son intocables". Más que una conclusión judicial, la expresión refleja una discusión que ha acompañado durante años a estas macrocausas y que solo puede entenderse analizando, caso por caso, las resoluciones dictadas por los tribunales.
Las resoluciones judiciales ofrecen respuestas diferentes en cada procedimiento. Para entender por qué unas causas terminaron con condenas, otras con absoluciones y varias continúan todavía pendientes, es necesario recorrer el mapa de las principales investigaciones que han marcado la vida política española durante las dos últimas décadas.
Las piezas que faltan
La sentencia de la Audiencia Nacional sobre una de las primeras épocas de la trama Gürtel marcó uno de los mayores hitos judiciales de la democracia española. El fallo consideró acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular y condenó a la formación como partícipe a título lucrativo. Aquella resolución provocó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, pero no cerró el recorrido judicial de las macrocausas vinculadas al PP.
A día de hoy, el mapa continúa abierto:
- El caso Púnica (2014) mantiene piezas pendientes sobre una presunta red de adjudicaciones públicas irregulares.
- La denominada operación Kitchen (2013/2014) espera el juicio que deberá esclarecer si se utilizaron recursos del Ministerio del Interior para sustraer documentación comprometedora a Luis Bárcenas.
- Lezo (2015) sigue investigando el presunto saqueo del Canal de Isabel II durante los gobiernos del PP madrileño, una causa que incluso salpicó a directivos de medios de comunicación y responsables políticos.
- Imelsa y su derivada Taula (2014) continúan siendo uno de los mayores escándalos de corrupción en la Comunitat Valenciana.
- Erial (2015) mantiene abierto el procedimiento sobre el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de parques eólicos durante la etapa de Eduardo Zaplana.
- Azud (2017), centrada en un presunto entramado de amaño de contratos urbanísticos en València.
- Cofely (2014), una de las principales piezas de Púnica sobre contratos de eficiencia energética.
A ellas se suman otras investigaciones como el caso Auditorio (2016) que afectó al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez; o las diligencias relacionadas con el exministro Cristóbal Montoro, que han vuelto a situar el foco sobre la presunta influencia política en beneficio de intereses privados.
Lejos de convertirse en episodios aislados, estas investigaciones han ido superponiéndose durante más de dos décadas. Mientras unas causas avanzaban hacia juicio o sentencia, otras acababan de nacer o se fragmentaban en nuevas piezas, configurando un entramado judicial sin precedentes en la historia reciente de España. La coexistencia de procedimientos iniciados hace más de veinte años con investigaciones mucho más recientes explica por qué el mapa judicial del PP continúa todavía abierto.
El resultado es un escenario en el que conviven sentencias firmes con procedimientos aún pendientes de juicio, recursos sin resolver y nuevas diligencias que siguen incorporándose a los tribunales. Veinte años después del estallido de Gürtel, el recorrido judicial de las principales macrocausas vinculadas al Partido Popular dista mucho de haber concluido y continúa escribiendo nuevos capítulos en los juzgados españoles.