El Constitucional afea al TSJPV no motivar la causa contra el euskera en las OPE

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Tirón de orejas del Tribunal Constitucional (TC) al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por no fundamentar correctamente la judicialización de la Ley de Empleo Público, en lo relativo a los requisitos de euskera y los perfiles lingüísticos. El tribunal de garantías reprocha al órgano autonómico que no acreditara que la resolución del proceso dependía de la constitucionalidad de la norma. En un auto hecho público este jueves, añade además que la fiscal general del Estado se opuso a admitir la cuestión de inconstitucionalidad por considerarla "notoriamente infundada".

Pese a ello, el Gobierno Vasco considera que la inadmisión de la cuestión de constitucionalidad es "una noticia positiva", aunque mantiene la cautela, ya que aún queda pendiente la resolución del TSJPV sobre los recursos presentados por PP y Vox contra el decreto de 2024 que desarrolla la ley aprobada en 2022 por el Parlamento Vasco.

Cuestión de inconstitucionalidad

La decisión del Tribunal Constitucional de no admitir la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre un artículo de la Ley de Empleo Público de 2022 supone un balón de oxígeno para el Gobierno Vasco, tras varias sentencias contrarias a la política lingüística sobre el euskera dictadas por distintos tribunales.

En el auto, dictado el 23 de junio y conocido públicamente esta semana, el Constitucional recuerda que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV planteó una cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco, por una posible vulneración de los artículos 3, 9.3, 14 y 23 de la Constitución Española.

Este precepto establece que todas las plazas de las administraciones públicas vascas —Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y entidades dependientes— deben tener asignado un perfil lingüístico, determinado en función de las características, necesidades comunicativas y destrezas lingüísticas requeridas para cada puesto de trabajo.

En concreto, el artículo regula los perfiles lingüísticos y los planes de normalización del uso del euskera, indicando que todos los puestos de trabajo, incluidos los de carácter temporal o coyuntural, deberán contar con el perfil correspondiente.

El TSJPV reconoce que "no ofrece duda la legitimidad constitucional" de exigir el conocimiento del euskera como requisito para determinados puestos, al entender que garantiza la cooficialidad lingüística y el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Sin embargo, sostiene que esa exigencia solo resulta constitucional cuando responde a una necesidad objetiva derivada de las funciones del puesto. Si esa necesidad no existe, imponer el conocimiento del euskera sería una medida desproporcionada y contraria al principio de igualdad y al derecho de acceso a la función pública.

En su resolución, el Tribunal Constitucional destaca que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, solicitó la inadmisión de la cuestión al considerar que no se cumplían los requisitos procesales y que la iniciativa era "notoriamente infundada".

La decisión coincide con la aprobación, el pasado 25 de junio, de la reforma de la Ley de Empleo Público, impulsada por el PNV y facilitada por la abstención de EH Bildu. Según el Gobierno Vasco, la modificación "blinda y protege el euskera" y dota a las ofertas públicas de empleo (OPE) de una mayor seguridad jurídica.

El Ejecutivo autonómico ha recibido con satisfacción el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al entender que respalda la vigencia de la ley de 2022 y podría orientar la futura resolución del TSJPV sobre el decreto de 2024. No obstante, mantiene la prudencia, ya que la decisión final podría seguir la línea de otras sentencias que han anulado procesos selectivos por la aplicación de los requisitos lingüísticos.

Índice de plazas

La vicelehendakari primera y consejera de Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha calificado la resolución de "noticia positiva", aunque ha recordado que siguen pendientes los recursos de PP y Vox contra el decreto actualmente en vigor y que el Gobierno Vasco continúa a la espera del fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Asimismo, ha subrayado que la nueva normativa no permitirá a las administraciones públicas "hacer lo que quieran" ni supondrá "exigencias desorbitadas" para quienes opten a un empleo público. Según ha explicado, cada administración elaborará su propio índice sociolingüístico de plazas, atendiendo a la realidad sociolingüística de cada municipio, a las características de cada puesto y al grado de normalización del euskera, con criterios de proporcionalidad y una mayor seguridad jurídica. A partir de ahora, el Departamento de Política Lingüística deberá desarrollar el decreto para facilitar su aplicación por parte de las administraciones.