El fútbol español vuelve a mirar una vez más hacia el pasado. Apenas un día después de que venciera la inhabilitación de tres años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en 2023, Luis Rubiales recupera la capacidad legal para ocupar cargos federativos.
Aquella sanción, dividida en dos tramos de dieciocho meses por el beso no consentido a Jenni Hermoso en el Mundial femenino y por sus gestos en el palco ante la reina Letizia y la infanta Leonor, ya es historia. También lo es el castigo de la FIFA, que expiró el pasado agosto. Sin prohibiciones deportivas vigentes, el expresidente vuelve a situarse en el foco, aunque esta vez por los movimientos que su entorno estaría tejiendo detrás de las cámaras.
Luis Rubiales, en el acto de presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'
Según han publicado diversos medios del Estado español, personas próximas a Rubiales llevan días contactando con dirigentes territoriales y clubes para pulsar el ambiente ante una posible vuelta a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La idea que sobrevuela estas conversaciones sería promover una moción de censura contra el actual presidente, Rafael Louzán. El asunto dio tanto que hablar que incluso se comentó en los corrillos federativos durante el partido entre España e Inglaterra disputado el domingo en el Metropolitano.
Uno de los nombres que más suena en esta maniobra es el de Diego Martínez, presidente de la Federación Melillense, vicepresidente de la RFEF y responsable del fútbol playa, quien recientemente protagonizó un enganchón verbal con Louzán. Las informaciones también apuntan a cierta sintonía en las territoriales de Murcia y Andalucía, así como a la implicación de antiguos colaboradores de la etapa de Rubiales como María Tato, Miguel García Caba o Cueto.
Sin embargo, el propio protagonista juega al despiste. En una conversación telefónica con Antón Meana en El Larguero, Rubiales aseguró desconocer lo que se estaba publicando, pero evitó tanto confirmar como desmentir si trabaja para regresar.
Las cuentas de una moción de censura compleja
Más allá del ruido, derribar a Louzán antes de las elecciones previstas para 2028 es muy complicado. La Asamblea General de la RFEF cuenta actualmente con 142 miembros y, para registrar una moción de censura, los estatutos publicados en el BOE el pasado 13 de noviembre exigen el respaldo previo de un tercio de los asambleístas, es decir, 48 firmas.
El lío llega a la hora de votar. Mientras los estatutos federativos piden una mayoría de dos tercios para aprobarla (95 votos), la orden ministerial que regula los procesos electorales deportivos rebaja el listón a la mayoría absoluta (72 votos), una discrepancia jurídica que habría que resolver en caso de que la idea saliera adelante.
Además, la normativa obliga a presentar un candidato alternativo; no basta con votar en contra del actual mandatario. A día de hoy, incluso voces territoriales consultadas por la prensa reconocen que el entorno de Rubiales apenas reuniría el apoyo de cuatro o cinco presidentes autonómicos, lejos de una mayoría real en una Asamblea donde el fútbol profesional, el femenino y el aficionado siguen respaldando mayoritariamente a Louzán.
El malestar de algunos territoriales responde a un cambio profundo en la forma de gobernar la Federación. El exmandatario cimentó su poder en una relación muy estrecha con los presidentes autonómicos, que tenían un peso decisivo en el día a día. El dirigente gallego, por el contrario, se apoya más en perfiles técnicos y económicos, lo que ha restado influencia a ciertos dirigentes. A esto se suma el recelo que genera su buena sintonía con Javier Tebas, presidente de LaLiga y rival histórico del motrileño.
Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol.
No obstante, el equipo del actual presidente presume de los éxitos deportivos y de una salud financiera envidiable, tras cerrar el año con ingresos récord y anunciar hace unos días los presupuestos más altos de la historia federativa para 2027.
Según la misma información, el antiguo jefe de Las Rozas habría sondeado a figuras del PP y del PSOE. En las filas populares, donde el pontevedrés mantiene una estrecha relación con Alberto Núñez Feijóo tras su larga etapa al frente de la Diputación de Pontevedra, no habría encontrado gran receptividad. Una ironía llamativa, si se recuerda que en agosto de 2023 el propio máximo mandatario salió en defensa de su antecesor tras la final de Sídney.
Rubiales sigue con problemas legales
El fin de las sanciones deportivas no borra los problemas legales del exdirigente. El granadino arrastra una condena por agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso , que fue ratificada por la Audiencia Nacional en junio de 2025 y se encuentra todavía pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. A ello se suman las investigaciones abiertas por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y las obras del estadio de La Cartuja.
Por si fuera poco, esta semana ha estallado la polémica de LegalSport, un medio creado en 2022 bajo el paraguas de la promoción del Mundial 2030. Tras la rescisión del contrato por parte de Pedro Rocha, un juzgado mercantil de Madrid condenó el 5 de noviembre a la RFEF a pagar más de 700.000 euros entre cantidades pendientes, intereses y costas. La junta del actual inquilino de Las Rozas estudia ahora acciones legales contra los antiguos gestores, acusando al proyecto de haber servido para atacar a rivales del expresidente.
Sin candidatura oficial ni moción registrada, está por ver si las llamadas de estos días son el embrión de un asalto real al poder o simplemente un globo sonda para medir fuerzas de cara al futuro.