Los socios de investidura dicen no a la reforma laboral

El histórico acuerdo al que han llegado Gobierno español, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT para cambiar, que no derogar, la reforma laboral de Mariano Rajoy es sin duda un logro del diálogo social que nadie puede poner en duda. Ahora bien, Pedro Sánchez no cuenta con el aval parlamentario que necesita. 

Rechazo del PNV

El real decreto ley que hoy va a ver la luz ha sido rechazado por los socios de investidura de Sánchez. El PNV ha sido claro. Su portavoz Aitor Esteban ha subrayado que su reivindicación no es nueva y que la conocen tanto el Gobierno español como los agentes sociales. Quiere que los convenios autonómicos prevalezcan sobre el estatal y que se respete el marco laboral vasco. La razón está clara. Los convenios negociados y firmados en Euskadi son mejores que los de ámbito estatal. Con la reforma que se aprueba hoy son los estatales los que prevalencen.

La patronal ha sido la más beligerante en este aspecto. Su presidente Antonio Garamendi ha afirmado que no aceptará que se toque ni una coma del acuerdo. Por su parte, CCOO y UGT han pedido que se respete el pacto, el primero en 40 años en esta materia. Lo mismo ha señalado la vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz. 

Hoy podremos escuchar a la ministra en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros y veremos si hay o no margen para el debate. El Gobierno de Sánchez dispone de 30 días hábiles una vez se publique el real decreto ley en el BOE para lograr el apoyo que necesita. PP y Vox ya han anunciado que votarán en contra. Ciudadanos es una incógnita porque algunas partes de la reforma sí cumplen con sus reivindicaciones. Aún así sus nueve votos solos no sirven y podrían hacer que otras formaciones no suscribieran la reforma.

ERC y EH Bildu

Por su parte, ERC y EH Bildu al igual que el PNV piden que prevalezca el marco de relaciones laborales autonómico pero van más allá y quieren por ejemplo que la indemnización por despido vuelva a ser de 45 días por año trabajado. 

Cambios más destacados

La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España.

Así, la norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo. El primero de ellos, el estructural, sólo podrá responder a dos causas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo, siempre y cuando quede perfectamente especificado a quien sustituye el trabajador contratado.

Por su parte, el contrato por circunstancias de la producción sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.

Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. 

Asimismo, las partes han acordado reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encademiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente.

El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. De hecho, se elevarán las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal, estableciéndose multas por cada situación fraudulenta y no por empresa.

Además, la reforma penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales.

El decreto modificará la reforma laboral de 2012 para recuperar el equilibrio en la negociación colectiva, reinstaurando la 'ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo, frente al plazo de un año establecido anteriormente.

Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa. Éste podrá regular la elección entre abono o compensación de horas extras; el horario y la distribución del tiempo de trabajo; la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar, pero no la jornada laboral ni el salario.

Asimismo, la norma potenciará los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos. De este modo, la legislación laboral ordinaria incluirá los ERTE que se han utilizado masivamente durante la pandemia, también en lo referente a los beneficios de cotización vinculados a la realización de acciones formativas y al mantenimiento del empleo, así como a la protección por desempleo.