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Los manifestantes que reclaman soluciones a la crisis de la vivienda en Portugal han acordado en asamblea popular volver a instalar sus tiendas de campaña en la céntrica plaza del Rossio de Lisboa a partir de este miércoles, desafiando así el desalojo policial ejecutado a primera hora del martes y las severas advertencias del Gobierno luso.
La decisión de retomar la acampada en la capital se tomó a última hora de la tarde tras un periodo de micrófono abierto en el que se votó el regreso a la plaza, según ha informado la agencia de noticias portuguesa Lusa. Paralelamente, en la ciudad de Oporto, más de un millar de personas se concentraron en la plaza D. João I --donde la Policía también había ordenado desmontar las tiendas por la mañana-- y, tras un concierto, protagonizaron una marcha hasta las puertas del Ayuntamiento, obligando a las fuerzas de seguridad a cortar el paso al tráfico en el tramo superior de la Avenida dos Aliados.
Estos movimientos de protesta se producen apenas horas después de que el Cuerpo de Intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) desmantelara por la fuerza el campamento de Lisboa. El operativo matutino se saldó con 55 detenidos y dos heridos leves por "desobediencia y resistencia" a abandonar la vía pública. El desalojo simultáneo en Oporto, en cambio, concluyó sin arrestos tras acatar los concentrados las órdenes policiales de forma voluntaria.
Francia, España e Italia
Ante esta escalada de la tensión ciudadana, motivada por la falta de acceso a la vivienda y el eco de movilizaciones similares en Francia, España o Italia, el ministro de Administración Interna de Portugal, Luís Neves, ha lanzado una dura advertencia a los manifestantes, dando por terminadas las acampadas.
"Si alguien piensa que existen otros efectos miméticos que repercutirán en nuestro país con violencia y buscarán sembrar el caos, está completamente equivocado, porque la fuerza, la firmeza y la contundencia de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden público serán una realidad absoluta", ha aseverado el ministro. Aunque Neves ha subrayado que el derecho a manifestarse es "absolutamente legítimo", ha instado a los organizadores a no dejarse "infiltrar por extremistas", recordando que "cualquier comportamiento extremista y criminal será reprimido".
Priorizar el diálogo y la persuasión
En la misma línea, la cartera dirigida por Neves ha emitido un comunicado para elogiar la "profesionalidad" de la PSP a la hora de restablecer la legalidad. El departamento gubernamental ha defendido que los agentes priorizaron el diálogo y la persuasión "en la mayor medida posible", recurriendo a las actuaciones forzosas solo tras agotar los contactos previos para la retirada voluntaria de las plazas. "El ejercicio de este derecho no exime del cumplimiento de la ley", zanja el escrito, recordando que el respeto a las reglas establecidas es un principio inseparable de un Estado de derecho democrático.