“Las cosas ya no se hacen como antes”, una frase clásica que encierra una gran verdad. Llevar a reparar un móvil, un ordenador, cualquier electrodoméstico… y que el profesional diga que “no merece la pena, te sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo”, o "ya no se fabrican piezas", es lo habitual. Pero esto supone un gasto económico y de sostenibilidad. La responsable es la conocida obsolescencia programada contra la que la Unión Europea se ha puesto en pie con la Ley del Derecho a Reparar.
La obsolescencia programada es la planificación o diseño deliberado por parte de los fabricantes para que un producto tenga una vida útil limitada, se vuelva inútil, incompatible o pase de moda en un tiempo corto, como componentes más débiles que se desgastan más rápidamente. Un ejemplo importante es el móvil. Más del 90% de la población mundial dispone de uno. El problema es que puede usar materiales más baratos que hacen que el dispositivo se averíe más rápido. Su objetivo es forzar al consumidor a comprar un producto nuevo o de reemplazo, incentivando el consumo constante.
Móvil nuevo cada 3 años
Según un estudio los españoles renuevan su dispositivo móvil cada 36 meses, es decir, cada 3 años, mientras que la media mundial lo hace cada 51 meses. El Estado español es uno de los países donde se cambia de móvil más rápido, siendo superado únicamente por México, donde esta renovación se hace de media cada 18 meses.
Los españoles cambian de móvil cada 36 meses de media.
La Unión Europea ha dado un paso decisivo para combatir la cultura de "usar y tirar" con la aprobación de la Directiva sobre el Derecho a Reparar. Esta legislación busca empoderar a los consumidores, alargar la vida útil de los productos y fomentar una economía más sostenible y circular. Es una respuesta directa a las preocupaciones ciudadanas sobre la obsolescencia programada y el creciente volumen de residuos electrónicos, alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Sin embargo, el Estado español tiene poco más de tres meses para para subirse a este carro. Concretamente hasta el 31 de julio de este 2026. Todavía no ha traspuesto completamente la citada Directiva sobre el Derecho a Reparar.
Mejor arreglar que sustituir
El objetivo de esta iniciativa es hacer que la reparación de productos sea una opción más fácil, económica y atractiva que su sustitución. Afecta a todas las empresas que fabrican, venden o reparan bienes.
La primera de las claves es que durante el periodo de garantía legal del objeto, el consumidor puede elegir entre la reparación o la sustitución de un producto defectuoso. En el caso de que el consumidor elija arreglarlo la garantía del producto se extenderá automáticamente durante 12 meses adicionales.
Por su parte, los fabricantes estarán obligados a reparar productos comunes como lavadoras, aspiradoras o smartphones, incluso después de que expire la garantía legal. Esta obligación puede extenderse hasta 10 años.
Un técnico repara un frigorífico en una vivienda.
Dispositivo de sustitución en préstamo
Mientras un producto está siendo reparado, los consumidores tendrán derecho a un dispositivo de sustitución en préstamo. Si la reparación es imposible, se les puede ofrecer una unidad reacondicionada. Eso sí, las reparaciones deberán realizarse en un "plazo razonable" y a un "precio razonable" para no desincentivar esta opción.
Los fabricantes no tendrán fácil poner obstáculos para dificultar el desarrollo de este decreto, por lo que no podrán usar cláusulas contractuales o trucos de software y hardware para impedir reparaciones. Deberán facilitar el acceso a piezas de repuesto, herramientas e información técnica.
Para hacerlo oficial se creará un Formulario Europeo de Información sobre Reparación que los talleres podrán ofrecer para que los consumidores comparen de forma transparente las condiciones y precios.
Plataforma europea ‘on line’ de reparación
El 30 de julio de 2024 entró oficialmente en vigor esta directiva en el marco de la Unión Europea. El 31 de julio de 2026 es la fecha límite para que los Estados miembros, incluido el Estado español, transpongan la directiva a sus legislaciones nacionales. Y un año después, el 31 de julio de 2027, deberá estar operativa la plataforma europea ‘on line’ de reparación, que conectará a consumidores con talleres y servicios.
Fechas de la directiva europea
En esta situación actual en la que el Estado español aún no ha traspuesto completamente la directiva sobre el Derecho a Reparar, se están realizando avances significativos. El Consejo de Ministros aprobó en julio de 2025 un anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible que busca introducir cambios profundos en el derecho del consumidor para fomentar la reparación frente a la sustitución, desincentivando el modelo de "usar y tirar".
Formulario europeo estandarizado de información
Este anteproyecto traspone al ordenamiento español dos directivas europeas clave: la Directiva (UE) 2024/1799 (Derecho a Reparar) y la Directiva (UE) 2024/825 (lucha contra el ‘greenwashing’ y empoderamiento de los consumidores). Este borrador incluye la obligación legal de reparar ciertos bienes incluso después de la garantía legal, siempre que estén en el anexo europeo de productos reparables y que la reparación sea viable y proporcionada. También contempla un formulario europeo estandarizado de información sobre reparación y la sección nacional de la plataforma europea de reparaciones en línea.
Es importante destacar que, ya el 1 de enero de 2022, entró en vigor en España una actualización de la Ley General de Defensa de los Consumidores que amplió la garantía mínima de los productos de dos a tres años y obligó a los fabricantes a tener piezas de recambio durante 10 años, superando lo que la directiva europea exigía en ese momento.