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Las pensiones, ante la necesidad de más acuerdos con retos estructurales

Las fórmulas para garantizar su viabilidad incluyen baremos de gran complejidad y precisarán de grandes consensos
El sistema público de pensiones es uno de los ejes fundamentales del Estado de Bienestar / E.P.

La situación del sistema de pensiones ha aparecido de nuevo en el debate electoral. Como ocurriera hace tres años, la sostenibilidad de todo el entramado público de uno de los pilares del Estado del Bienestar se perfila como uno de los asuntos que van a tener un mayor efecto emocional sobre la campaña.

Se trata, además, de uno de los temas capitales para una parte vital del electorado para cualquier partido político, como son los pensionistas actuales y quienes enfilan también la recta final de sus carreras profesionales.

Cuentas públicas sostenibles

El contexto es claro. La capacidad del sistema de pensiones de mantenerse por sí mismo está en duda por una conjunción de numerosos factores. Ante esta situación, se eleva el peso de las transferencias que hace el Estado, vía presupuestos o por cualquier otra vía extraordinaria, para hacer frente a los gastos.

Y, en este aspecto, tal y como recuerdan numerosos analistas, lo que se necesita también es que las cuentas públicas en su conjunto sean sostenibles, lo que también se antoja como un reto estructural no solo para el Estado, sino para todas las economías europeas en su globalidad. De momento, acompasar la subida de las pensiones con el incremento del IPC es la receta a corto plazo de los distintos partidos y también la del Gobierno español.

Así, el Consejo de Ministros dio el pasado viernes el “primer paso” para subir las pensiones en 2027 “entre un 3% y un 4%” y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

"Una prioridad"

Así lo anunció la semana pasada la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que subrayó que para el Ejecutivo constituye “una prioridad” que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, precisó que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas.

En cualquier caso, para determinar la subida de las pensiones contributivas aún falta por conocer el dato de IPC de noviembre, que el INE avanzará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales.

Subida del 2,7% para las contributivas

¿En qué se basa el Ejecutivo, entonces, para acometer la revalorización con arreglo a esos porcentajes? Para calcular la revalorización, se toma la inflación media de los últimos doce meses, que en este caso toma como referencia el periodo que transcurre de diciembre de 2025 a noviembre de 2026.

En todo caso, Saiz avanzó que este incremento estará “entre el 3% y el 4%” a la luz de cómo están evolucionando los precios. Este año la subida fue del 2,7% para las contributivas. La subida del IPC el pasado mes de octubre fue del 4,9%, la misma cifra que en septiembre.

En lo que va de año, la inflación ha crecido un 4,3%, lo que es también un porcentaje considerable. Las razones de esta elevada inflación hay que buscarlas sobre todo en los altos precios energéticos como consecuencia de los conflictos internacionales en Oriente Medio, que están provocando un serio impacto sobre las cuentas de familias y empresas en todo el continente.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional

Pero, al igual que sucede con otros parámetros económicos, la situación de las pensiones merece ser analizada y revisada con el foco a largo plazo. Y aquí surgen algunas dudas que, de momento, no parecen hallar respuesta en las propuestas programáticas de los partidos. El envejecimiento de la población, que obliga a un mayor gasto por pensionista cada año, la crisis de natalidad, la existencia de carreras laborales con mayores discontinuidades - una tendencia cada vez más acusada en los jóvenes - la disminución de la participación de los salarios en la renta y la elevada tasa de reposición - relación entre el último salario recibido y la pensión de jubilación - hacen que la sostenibilidad del sistema público no esté garantizada a décadas vista.

Las reformas de las pensiones acometidas en 2021 y 2023, orientadas a reforzar los ingresos y aumentar la edad efectiva de jubilación, parecen haber surtido un cierto efecto, pero no terminan de despejar las dudas. Entre las medidas más llamativas que se han tomado en los últimos años están la sustitución del factor de sostenibilidad por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cuyo corre a cargo, cada mes, en la nómina del trabajador, del propio empleado y la empresa, así como la adecuación de la base máxima de cotización del sistema, el llamado destope, con el que se busca aumentar de manera progresiva esa base de forma superior al incremento de la pensión máxima, con el objetivo de reforzar los ingresos del sistema público.

“ La población sabe que la financiación de las pensiones es problemática ”

Funcas - Encuesta sobre pensiones de 2026

Un 14,6% del PIB

Pero la clave de bóveda está en la regla de gasto de las pensiones. Los análisis periódicos que hace la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) inciden en que “el sistema es sostenible si las cuentas de todas Administraciones Públicas lo son”. En este sentido, la regla acordada entre el Gobierno central y la Comisión Europea, que limita el gasto de las pensiones al 15% del PIB entre los años 2022 y 2050, determina que, en base a las previsiones de la propia AIReF, “el gasto se quedará en un 14,6% del PIB”.

La regla se cumple y no hay que tomar medidas, dice el organismo, pero a continuación advierte de que dicha regla “no mide bien la sostenibilidad”. ¿El motivo? Que dicha regla “solo analiza la Seguridad Social, sin tener en cuenta si, por ejemplo, el Estado tendrá que aumentar las transferencias”. Este concepto alude a las inyecciones de capital que el Estado hace para sostener el sistema. En otras palabras, “se mueve dinero de otras partes para poder pagar las pensiones”. Estos traspasos proceden, por lo general, de vías impositivas. Es decir, que puede que para pagar las pensiones se necesite subir los impuestos y elevar la recaudación fiscal.

“ La deuda pública seguirá alta salvo que se implemente un plan de saneamiento ambicioso ”

Banco de España - Informe sobre las pensiones de 2024

Los cálculos que ha hecho la AIReF, que es uno de los organismos con más precisión analiza esta cuestión y que más autonomía presenta en sus estudios, recogen que sobrepasar ese 15% del PIB entraña riesgos. Por ejemplo, atendiendo a la composición del gasto en pensiones, en el año 2023, se marcaba un desembolso del 12,9%, con un porcentaje del 9,2% a partir de las cotizaciones sociales de los trabajadores y el resto mediante presupuestos y transferencias del Estado.

Sin embargo, en diez años el porcentaje sobre el total del PIB se va al 14,3%, con un 9,9% de cotizaciones y un 4,4% a través del resto de vías, que son las que no deberían incrementarse puesto que repercuten en aspecto como la deuda pública y el déficit. De hecho, en el año 2046, el cálculo se eleva aún más; el gasto en pensiones supondría el 15,95% del PIB, con una desproporción creciente en los ingresos del sistema; las cotizaciones de los trabajadores aportarían 10,1% y los casi seis puntos restantes deberían nutrirse con gastos presupuestarios y transferencias adicionales del Estado.

Reto demográfico

Ante la crisis demográfica, la aportación de los trabajadores inmigrantes se presume - y ya está actuando - como un soporte importante del sistema, pero la propia AIReF alerta de que, a partir del año 2029, la migración no será suficiente para evitar al descenso de la población en edad de trabajar.

El consenso entre los economistas es prácticamente unánime a la hora de valorar qué medidas añadidas hacen falta para garantizar la viabilidad del sistema. El primero pasaría por ligar las pensiones a indicadores de carácter más objetivo, como la esperanza de vida o el equilibrio financiero global del sistema para no depender tanto de las transferencias de capital. Eso podría hacer que se desvinculase la subida de las prestaciones del incremento del IPC.

"Reforma e impulso" de las pensiones

En este aspecto, los economistas alertan de que en las próximas décadas los Estados ya van a tener que hacer frente a crecientes partidas de gasto en materias como sanidad, transiciones energética y digital, sin olvidar el desembolso al alza en defensa. Por otra parte, servicios de estudios como Fedea plantean sustituir el MEI y la cuota de solidaridad por un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF, así como extender el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral sin descartar los meses de menor cotización.

Además, los expertos de Fedea abogan por recuperar el Factor de Sostenibilidad y establecer un “nexo automático” entre “la edad legal de jubilación y la esperanza de vida” en buena salud. Por otra parte, está la idea de avanzar en un sistema mixto que combine reparto y ahorro privado, como ocurre en países como Suecia. De hecho, en las últimas reformas ejecutadas en los últimos años, el Ejecutivo ya introdujo en sus objetivos la “reforma e impulso” de los sistemas complementarios de pensiones para impulsar los planes de pensiones vinculados a las empresas.

Propuestas de los partidos

De cara a la cita electoral, las propuestas de los partidos políticos se centran más en el corto plazo que en reformas estructurales, que podrían ahuyentar el voto. Los cambios en los sistemas de pensiones que incluyen elevar la edad de jubilación o modificar las prestaciones cuentan con rechazo social en países como Francia y Alemania. Desde el PSOE, Pedro Sánchez propone blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC de cada año y profundizar en las reformas emprendidas, además de seguir subiendo las pensiones mínimas y no contributivas por encima de las demás. Por su parte, el PP plantea revalorizar las pensiones con el IPC y crear un sistema “viable” que sirva para garantizar las futuras prestaciones de los jóvenes, además de incentivar la jubilación activa con deducciones en el IRPF y blindar por ley la caja única de la Seguridad Social.

Por su parte, el PNV aboga por revalorizarlas anualmente conforme al IPC, protegiendo su poder adquisitivo frente al incremento del coste de la vida, así como mejorar progresivamente las pensiones mínimas y no contributivas. El objetivo global es defender un sistema “suficiente, sostenible y basado en la solidaridad entre generaciones, reforzando sus fuentes de financiación y promoviendo acuerdos estables en el marco del Pacto de Toledo y favoreciendo la extensión de los sistemas de previsión social de empleo, especialmente a través de la negociación colectiva y con participación de trabajadores y empresas, “como complemento y nunca como sustitución de las pensiones públicas”.

En este sentido, EH Bildu centra su propuesta en las pensiones mínimas y en gestionar la Seguridad Social desde CAV y Nafarroa, con el rechazo a retrasar la edad de jubilación o a ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Por su parte, Frente Amplio y Podemos coinciden en subir las pensiones de acuerdo al IPC mientras que, por último, Vox habla de “garantizar la sostenibilidad” mediante una “economía más productiva”.

19/11/2026