La reforma de Etxebide reservará el 30% de la vivienda protegida a rentas medias de entre 20.000 y 46.000 euros

Actualizado hace 8 minutos

El Gobierno Vasco ha iniciado la tramitación de la reforma de Etxebide, el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, con una propuesta que reservará el 30% de las viviendas protegidas a unidades convivenciales con ingresos anuales de entre 20.000 y 46.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a las rentas medias y trabajadoras que, pese a tener empleo e ingresos estables, no pueden acceder al mercado libre.

Un sistema adaptado

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto este jueves la fase de consulta pública previa del nuevo decreto, que permanecerá abierta durante quince días hábiles antes de la redacción definitiva del texto.

El consejero Denis Itxaso ha explicado que la reforma pretende adaptar el sistema de inscripción, baremación y adjudicación a una realidad en la que, además de las situaciones de vulnerabilidad, cada vez más jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias encuentran dificultades para acceder a una vivienda.

Según ha señalado, la vivienda protegida debe seguir priorizando a quienes más lo necesitan, pero también ofrecer respuesta a quienes "sin ser vulnerables en sentido estricto, no pueden acceder al mercado libre ni construir un proyecto de vida autónomo".

La principal novedad del decreto será la creación de un subcupo del 30% de las viviendas de cada promoción destinado a solicitantes con ingresos comprendidos, con carácter general, entre 20.000 y 46.000 euros anuales.

El Ejecutivo vasco considera que esta medida permitirá responder a una demanda creciente de personas con empleo y capacidad económica limitada que actualmente quedan fuera tanto del mercado libre como de buena parte de la oferta protegida.

Apartamentos intergeneracionales

La reforma también consolidará un nuevo modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales, que combinará viviendas temporales para menores de 36 años con alojamientos para personas mayores autónomas.

En el caso de los jóvenes, se exigirá disponer de ingresos mínimos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un máximo de 46.000 euros, con el objetivo de favorecer la emancipación, el ahorro y el acceso posterior a una vivienda estable.

Para las personas mayores, la edad mínima de acceso se reducirá de 70 a 65 años y, cuando dispongan de una vivienda en propiedad, su incorporación podrá condicionarse a la cesión del inmueble al programa Bizigune, con el fin de incrementar la oferta de alquiler protegido.

Más peso a la antigüedad

El futuro decreto también modificará el funcionamiento del registro para otorgar mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de forma que la permanencia siga generando puntuación más allá de los límites actuales.

Además, se evitará que cambiar la preferencia entre alquiler y compra implique perder automáticamente toda la antigüedad acumulada, siempre que el solicitante mantenga la nueva modalidad durante un mínimo de tres años.

La norma recuperará igualmente la posibilidad de adjudicar vivienda protegida a personas que ya dispongan de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de responder a sus necesidades familiares, siempre que entreguen, transmitan o cedan ese inmueble para favorecer su incorporación al parque residencial.