La Policía italiana identifica a 200 jóvenes en Roma durante los controles por el riesgo de posibles disturbios

La Policía italiana ha identificado este sábado en Roma a más de 200 jóvenes y ha trasladado a 63 de ellos a dependencias policiales tras interceptarlos con pasamontañas, máscaras y aerosoles en distintos puntos de la capital, en el marco del dispositivo de seguridad desplegado ante las convocatorias de protestas.

Los controles se han llevado a cabo en varias zonas del centro y en estaciones de metro, después de que los convocantes de las movilizaciones hayan anulado los puntos fijos de encuentro inicialmente previstos.

Entre los lugares vigilados figuran la Piazza della Repubblica, Via Einaudi, Via Cavour, el Circo Máximo, Piazzale Ostiense, Via Napoleone III y las estaciones de metro de Colosseo y Laurentina.

Datos de la operación policial

Según la Policía, los agentes han encontrado entre las pertenencias de los jóvenes trasladados a dependencias policiales material que consideraron compatible con las “instrucciones operativas difundidas en internet” para las protestas.

Para ellos, las autoridades evalúan la aplicación de una “retención preventiva”, una medida aprobada por Meloni y que permite arrestar a un sujeto considerado una amenaza antes del desarrollo de una manifestación pública.

El operativo ha sido desarrollado por agentes de la División de Investigación e Información General y Operaciones Especiales (Digos), patrullas de seguridad ciudadana y unidades de vigilancia del metro, en previsión de posibles incidentes durante las movilizaciones.

Jornada de protestas

Italia vive este sábado una jornada de tensión en sus principales ciudades, una semana después de los disturbios y saqueos de comercios registrados en Milán y Bolonia, protagonizados por grupos de jóvenes al margen de las protestas ciudadanas.

Tras los altercados, el Gobierno de Meloni aprobó esta semana un decreto ley para endurecer las sanciones contra los actos violentos cometidos durante las manifestaciones.

La normativa contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros por la participación violenta en grupo, agrava las sanciones por actuar con el rostro cubierto, permite la retención preventiva de adolescentes de entre 14 y 17 años y establece la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos menores, además de posibles multas.