La pinza Casado-Lesmes eterniza el bloqueo del CGPJ

El magistrado ha mostrado sintonía con los postulados de un pp que sigue alimentando un embrollo judicial mayúsculo sin visos de desenredarse

Cuatro de diciembre de 2018. Ha llovido una eternidad desde esa fecha a todos los efectos, con una pandemia en medio y con numerosos cambios políticos, entre ellos dos elecciones generales, unas municipales y autonómicas, y la formación del primer Gobierno de coalición en el Estado. Sin embargo, lo que no ha cambiado en todo este tiempo es la situación de interinidad de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el PSOE y el PP son incapaces de renovar.

Así, ya son más de 1.000 días los que el órgano de gobierno de los jueces lleva ejerciendo en funciones, aunque su presidente Carlos Lesmes no pareció darse por aludido y siguió realizando nombramientos con asiduidad hasta que el Congreso le frenó este año con una reforma de la ley que impedía dichas designaciones con un CGPJ interino.

El propio Lesmes se ha desgañitado en los últimos dos años y medio –la última vez hace una semana en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo– reclamando a las dos principales formaciones del Estado que se abran a un acuerdo que permita la elección de los nuevos vocales de la institución. Sin embargo, esta dialéctica choca con su actitud a la hora de la verdad, ya que el también presidente del TS no ha hecho ningún movimiento táctico que pudiera forzar la renovación que tanto predica en sus discursos. Se le achaca, por ejemplo, que no haya presentado su dimisión o haya solicitado al resto de miembros del CGPJ una renuncia en masa que a buen seguro hubiera precipitado el acuerdo entre socialistas y populares.

Es más, el magistrado, perteneciente a la corriente conservadora, ha mostrado sintonía con los postulados del PP, partido que mantiene a toda costa su negativa, habiendo propiciado un embrollo de proporciones mayúsculas que no tiene visos de desenredarse y amenaza con debilitar todavía más la ya de por sí perjudicada imagen del sistema judicial del Estado español.

A Pablo Casado le conviene por el momento mantener el bloqueo y alimenta la pinza con Lesmes al poner sobre la mesa una exigencia que es conveniente tanto para el PP como para el presidente del CGPJ: que los vocales del órgano sean elegidos por los propios jueces, en lugar de que sea el Congreso de los Diputados quien los vote –como ocurre en la actualidad–. De esta manera, Casado ha convertido esta reforma de la ley en su principal exigencia a Pedro Sánchez, a sabiendas de que los socialistas no están por la labor de aceptar una petición de estas características.

un sesgo conservador Los populares creen que existe un sesgo conservador en la magistratura, donde son mayoritarias las asociaciones más cercanas a los postulados de la derecha; por lo que a priori un CGPJ elegido por los propios jueces les sería más favorable. O por lo menos esa tesis manejan en Génova, donde preocupan sobremanera los numerosos procesos judiciales que debe afrontar la formación en los próximos meses relacionados con causas de corrupción.

Pero anteriormente esta exigencia de reforma de ley no figuraba en el discurso de un Casado que incluso llegó a cerrar un acuerdo con los socialistas a finales de 2018 que incluía los nombres de los vocales que compondrían un nuevo órgano que iba a ser presidido por el magistrado del Supremo Manuel Marchena. Sin embargo, todo el pacto saltó por los aires al filtrarse unos mensajes del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que trasladaba a su grupo parlamentario que este acuerdo permitiría al PP "controlar desde detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que se iba a juzgar a los responsables del procés.

Más allá de vetos, exigencias o ocurrencias para justificar que la renovación del CGPJ se siga dilatando, lo que está fuera de toda duda es que la actual correlación de fuerzas del órgano –en el que los vocales elegidos por el PP ostentan la mayoría– no se corresponde con la composición de un Congreso en el que las fuerzas progresistas suman más. Es esta cuestión y no otra la piedra angular de todo el embrollo judicial en el Estado.