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Política

La mesa de diálogo blinda el catalán y se compromete a superar la judicialización

Moncloa abraza la ley de lenguas que aprobó el Parlament y acuerda con el Govern la renuncia a la unilateralidad
Joan Ignasi Elena, Laura Vilagrà, Roger Torrent y Natàlia Garriga formaron la delegación del Govern; Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, Yolanda Díaz y Miquel Iceta, la de Moncloa.
Joan Ignasi Elena, Laura Vilagrà, Roger Torrent y Natàlia Garriga formaron la delegación del Govern; Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, Yolanda Díaz y Miquel Iceta, la de Moncloa.

El relanzamiento de la mesa de diálogo entre Moncloa y el Govern arrancó ayer miércoles con un documento consensuado donde se acuerda avanzar en la desjudicialización del procés, un procedimiento que se realizará por fases, y el blindaje de la lengua catalana. Una hoja de ruta garantista que sirva para hacer efectiva la denominada carpeta de la represión y que, a falta todavía de concreciones, pasaría por abordar la reforma de la ley mordaza, la modificación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la actualización del Código Penal, en tanto que la modificación del delito de sedición presenta un horizonte complejo porque se precisa una mayoría en la Cámara harto improbable.

En una futura reunión ambos Ejecutivos ahondarán en ello conscientes de la importancia de evitar nuevas controversias en los tribunales, amén de establecer las medidas de apoyo al catalán, dando autonomía a los centros educativos en Catalunya para que decidan sobre el reforzamiento de esta lengua y alentando su uso en el Parlamento europeo, lo que vendría a ejercer de dique frente a la sentencia judicial del 25% de castellano. Una estrategia tejida por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que forman parte de la mesa negociadora, de la que esta vez se ausentaron tanto Pedro Sánchez como Pere Aragonès. El líder socialista delegó también en el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Isabel Rodríguez; mientras que el Jefe de Govern lo hizo además en la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y los consellers Roger Torrent y Joan Ignasi Elena.

De esta forma, ambos gabinetes profundizaron en el deshielo abriendo una nueva etapa política después de que las relaciones bilaterales quedasen congeladas por el caso de espionaje al mundo independentista. Tras la cumbre, que arrancó a las diez de la mañana y discurrió cordial y fluida –duró 1 hora y 45 minutos–, el primero en comparecer fue Bolaños para congratularse de que este acercamiento pone fin a los “monólogos” y abraza el diálogo como forma de hacer política, renunciando a acciones “que saquen la política fuera del juego democrático”, es decir, a estrategias unilaterales como la que derivó en el 1-O. El ministro precisó que una eventual mejora del marco normativo se ha de producir mediante mecanismos ya fijados, además de que los consensos deben ser con mayorías “grandes”. “Nunca más el enfrentamiento estéril ya que ahora el compromiso es con acuerdos mayoritarios para superar los conflictos”, proclamó Bolaños.

En la Eurocámara y el Senado

El responsable de Presidencia incidió en que las instituciones públicas han de preservar el interés general, y en referencia al pacto para impulsar la diversidad lingüística señaló que el objetivo es preservar la “riqueza” de las lenguas en el Estado español, citando también al euskera y el gallego. El Gobierno de Sánchez defiende la ley sobre la protección del catalán aprobada por el Parlament con un 80% de consenso –lo que ya ha suscitado un furibundo rechazo por parte de la derecha–, por lo que se fortalecerá la lengua catalana centrada en “los derechos y libertades del alumnado y el pleno dominio oral y escrito de todos los estudiantes”. A su juicio, la ley catalana es “un buen ejemplo de acuerdos trasversales muy amplios y que está perfectamente adecuada a la Constitución y al Estatut”. Además, se compromete a proyectar la diversidad lingüística en el ámbito internacional y solicitar el catalán como lengua de uso en la Eurocámara, al igual que en el Senado español materializando una revisión del reglamento de la Cámara Alta. Un compendio de ejes que, para Bolaños, supone “empezar a recoger frutos” después de que “en cuatro años de diálogo” con el Ejecutivo socialista “se ha hecho más que en tres legislaturas de enfrentamiento e inmovilismo”. “Hoy no es un punto y final”, sino el inicio de una andadura, añadió, emplazando igualmente al diálogo entre partidos catalanes.

Por su lado, desde la sede de la Generalitat en Madrid, Vilagrà celebró estos “primeros acuerdos para avanzar en la superación de la judicialización”. Un “paso previo imprescindible” para afrontar la “resolución de un conflicto político enquistado y agudizado” porque aún se está produciendo la represión con “prisión, exilio, inhabilitaciones, multas y multitud de causas abiertas”; si bien advirtió de que mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación esa resolución seguirá estando “lejos”. Sobre las reformas legislativas para “desjudicializar” la política, la consellera remarcó que la mayoría parlamentaria “ya existe” y destacó que “si hay una democratización de las leyes, incluso el derecho a la autodeterminación tiene cabida”. El Govern confía en que el Congreso reforme el Código Penal antes de que acabe 2022. Respecto a la entente lingüística sostuvo que es un “apoyo al marco normativo vigente que aprobó el Parlament sobre el uso y aprendizaje de lenguas oficiales en enseñanza no universitaria” con el que “se refuerza el modelo lingüístico de la escuela catalana”.

La dirigente republicana, que informó a Junts de todos estos términos nada más terminar el cónclave, apostó por retomar la mesa de diálogo, con mayores avances, el próximo otoño, instando a los posconvergentes a participar en la misma ya que, a juicio de los republicanos, “las puertas siempre están abiertas”.

Tribunal constitucional

Un juez conservador se da de baja

lRenovación. El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Alfredo Montoya, de 85 años y encuadrado en el ala conservadora, presentó ayer un escrito de renuncia al presidente, Pedro González-Trevijano, por motivos de salud. Esta baja llega en un momento en el que el tribunal de garantías tiene a otros cuatro jueces pendientes de renovación: tres conservadores –el presidente, Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares– y un progresista, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Ello compete al Gobierno y al CGPJ, que precisamente tiene previsto reunirse el próximo 8 de septiembre para debatir el nombramiento de dos nuevos magistrados del Constitucional, que deberán contar con el apoyo de al menos 12 de los 21 vocales.

2022-07-29T05:50:02+02:00
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