Actualizado hace 10 minutos
La macrocausa judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 233 personas en Valencia, suma 71 tomos con miles de folios a punto de cumplirse dos años de una instrucción en la que se han dictado 646 resoluciones, se han abierto 449 piezas y han declarado 690 personas.
Tan sólo un día después de la tragedia, la jueza de la localidad valenciana de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra abrió diligencias previas por los 75 fallecimientos que se habían producido en su partido judicial y centraliza desde enero de 2025 una investigación penal.
Se trata de una causa de "gran complejidad" y de "extrema gravedad". Investiga 233 homicidios y lesiones imprudentes por "la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población" y la conexión entre "la pasividad, el retraso manifiesto y de forma errónea en el aviso a la población" y las muertes que le ha llevado a prorrogar varias veces la instrucción, la última hasta el próximo 30 de abril de 2027.
Un total de 690 personas han declarado ante la instructora: los dos investigados -la exconsellera Salomé Pradas y su ex número 2, Emilio Argüeso- y cientos de testigos, entre familiares de las víctimas, responsables y trabajadores de la emergencia, peritos y políticos.
Otros indicadores de la magnitud de esta causa son las 592 resoluciones dictadas por el juzgado instructor (entre autos, providencias, diligencias de ordenación y decretos), a las que se suman 54 autos de la Audiencia de Valencia que han resuelto recursos de apelación, según los datos del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
Además, cuenta con 449 piezas -una por cada fallecido y una por cada familiar perjudicado y por cada lesionado-; con 13 acusaciones populares y numerosas particulares, muchas agrupadas en torno a las asociaciones de víctimas; y con miles de folios: a una media de 500 por tomo, sumarían 35.500.
Investigados y testigos
La causa tiene, desde el 10 de marzo de 2025, dos investigados: la que era la consellera de Justicia e Interior cuando ocurrió la dana y dimitió tres semanas después, Salomé Pradas, quien ha acudido tres veces al juzgado, y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que fue destituido un mes después de las inundaciones.
Asimismo, durante estos casi dos años han testificado el núcleo del expresident Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, la periodista que comió con él ese día, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, alcaldes de los municipios afectados por la dana, bomberos forestales y peritos.
También ha testificado la exdelegada del Gobierno Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, José Ángel Núñez; o el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Además, se han incorporado numerosos informes, como los de Emergencias de la Generalitat -que han permitido saber que el 112 recibió ese día 19.821 llamadas, la mayoría a las 17 horas-, y se está a la espera de si Meta puede recuperar desde Estados Unidos los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, con él ese día.
Mazón y la instrucción
Tras quince meses de instrucción y ofrecerle tres veces declarar, la instructora pidió el pasado febrero al TSJCV que imputara a Mazón al considerar que su "exclusión voluntaria" en la emergencia "tuvo una repercusión decisiva" en los fallecimientos. Sin embargo, el TSJCV rechazó en marzo abrir una causa penal al expresident, al estimar que no tenía la "posición de garante" en la gestión de la emergencia, mientras que en junio la Audiencia de Valencia admitió su personación, tras lo que Mazón defendió en su primer escrito que no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe.
Según fuentes judiciales en estos momentos "no es probable" que Mazón acabe encausado por su gestión de la dana de 2024, pero "sí posible", especialmente si Pradas cambiara de estrategia tras el escrito del expresident, del que la instructora dijo que Mazón basaba su tesis exculpatoria en inculpar a su exconsellera.
En todo caso, coinciden en que falta mucho para llegar al juicio oral y en que la instrucción ha permitido saber "muchísimas cosas" de lo que pasó ese día, y destacan que la instructora ha reflejado en sus autos que el fenómeno no era "imprevisible" y las muertes "se podían evitar", por ejemplo con un Es-Alert que no hubiera sido "tardío" ni "errado" en su contenido.
El Gobierno declarará este martes la zona catastrófica por la dana Adam y suma 150 peritos para las indemnizaciones.