La Justicia avala el ordenamiento del suelo rural de Amurrio

Actualizado hace 35 segundos

La asociación Uhandre Amurrioko Baso Biziak -que surgió en 2021 para hacer reflexionar sobre la expansión del eucalipto en nuestros montes- se ha hecho eco de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que resuelve el recurso presentado por la asociación de forestalistas de Álava contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Amurrio, y que tilda de “magnífica”, ya que “supone un respaldo claro al modelo territorial aprobado por el Ayuntamiento y el fracaso del intento del lobby forestal de desregular el uso del suelo rural. Es decir, la Justicia avala que sea el municipio quien decida cómo se ordena su territorio”, han esgrimido.

Y es que la resolución judicial confirma que los ayuntamientos son plenamente competentes para ordenar el territorio, clasificar y zonificar el suelo, priorizar usos y proteger el paisaje y la actividad agraria, “desmontando el planteamiento de la asociación de forestalistas, que pretendía convertir el uso forestal productivo en una actividad prácticamente intocable, al margen de la planificación urbanística y del interés general”, han añadido desde Uhandre, que también han subrayado que “producir no da carta blanca para ocupar cualquier suelo sin límites”.

El TSJPV rechaza la pretensión de vaciar de contenido el planeamiento municipal y deja claro que el uso forestal no puede imponerse de forma indiscriminada sobre el conjunto del suelo no urbanizable. La sentencia mantiene la zonificación y el modelo territorial del PGOU, especialmente en aquellas zonas de mayor valor agrario, ambiental y paisajístico, frente a un enfoque exclusivamente productivista del territorio. En la práctica, esto protege los suelos más sensibles frente a usos intensivos.

"La anulación parcial de ciertas determinaciones del PGOU se limita exclusivamente a aspectos técnicos propios de la competencia forestal sectorial, como la determinación de especies o técnicas silvícolas, sin dar la razón en ningún momento a la estrategia de los forestalistas, que pretendían legitimar nuevas plantaciones productivas allí donde el planeamiento prioriza otros usos. El modelo territorial, por tanto, no se cuestiona", han subrayado desde la asociación medioambiental.

Estrategia reiterada

La sentencia pone de relieve, además, que el conflicto generado en Amurrio no es un caso aislado, sino que responde a una estrategia reiterada. "En municipios como Zeberio, la asociación de forestalistas ya intentó cuestionar el planeamiento municipal para imponer un uso forestal productivo al margen de los límites territoriales y paisajísticos, sin conseguir que los tribunales anularan la capacidad de los ayuntamientos para ordenar el suelo no urbanizable", aseguran.

En este sentido, Amurrio no es una excepción, sino un nuevo ejemplo de una dinámica que vuelve a encontrar un límite claro en los tribunales. No se trata de un problema puntual, sino de un patrón repetido. "Queremos subrayar que esta sentencia es una advertencia clara, el uso forestal productivo no es un derecho absoluto y debe integrarse en un modelo territorial equilibrado. Incluso en las zonas de forestal general, el planeamiento urbanístico puede y debe modular, condicionar o desincentivar los monocultivos forestales cuando concurran razones de protección del paisaje, de la biodiversidad, del suelo, de prevención de riesgos o de compatibilidad con otros usos del territorio. Poner límites no es prohibir, es ordenar. No existe un derecho automático a reforestar, y cada actuación debe analizarse caso a caso desde el interés general. Cada lugar tiene unas características propias y no todas las soluciones valen para todos los sitios", han insistido.

Sostenibilidad real 

En este contexto, desde Uhandre esperan que el Ayuntamiento de Amurrio aplique el PGOU con rigor y que la sentencia no quede en una mera declaración de intenciones. "Es imprescindible que utilice todas las herramientas a su alcance para proteger el territorio, reforzando el control y la vigilancia efectiva de las cortas, las plantaciones y las transformaciones del suelo, y garantizando el cumplimiento estricto del planeamiento urbanístico y de la normativa ambiental. Las normas solo sirven si se aplican", subrayan, quienes hacen un llamamiento al conjunto de los ayuntamientos de Aiaraldea para que no tengan miedo a ejercer sus competencias y dejen de escudarse en que “lo forestal es cosa de la Diputación”. La sentencia deja claro que el urbanismo y la protección del territorio son responsabilidad municipal, y que mirar hacia otro lado no es una imposición legal, sino una decisión política. La inacción también tiene consecuencias".

Esta sentencia invita también a mirar el problema con una perspectiva más amplia. "El modelo forestal intensivo que hoy genera conflictos no surgió por casualidad ni de un día para otro. Se fue construyendo durante décadas a través de una relación muy estrecha entre el sector forestal productivo y las administraciones públicas, hasta el punto de que determinadas prácticas llegaron a asumirse como normales o inevitables", explican.

Esta realidad ya fue analizada hace años por la geógrafa Mª José Ainz Ibarrondo, que estudió cómo el monocultivo del pino radiata se consolidó no solo por razones productivas, sino también por la presión constante del sector y por la falta de límites claros desde la planificación territorial. Cuando los límites desaparecen, el interés general se debilita", recalcan, quienes consideran "legítimo y necesario" abrir un debate público sobre la pertenencia del Ayuntamiento de Amurrio a la asociación de forestalistas.

"Una entidad que ha recurrido judicialmente el PGOU municipal difícilmente puede presentarse como un socio neutral en la defensa del territorio. Su actuación refleja una forma de entender el monte basada en la producción, sin atender suficientemente a los límites ambientales, paisajísticos y sociales que hoy sabemos imprescindibles. Debatir estas relaciones también es una forma de transparencia democrática", apostillan, no sin antes defender que "esta sentencia debe servir para activar a los ayuntamientos, coordinar políticas a escala comarcal y demostrar que la planificación territorial no es un papel mojado, sino una herramienta real para poner límites, ordenar el territorio y defender el interés general frente a presiones sectoriales. Seguiremos vigilantes para que el PGOU se aplique con coherencia, sin retrocesos y con criterios de sostenibilidad real", concluyen.