La Justicia argentina procesa a dos jóvenes más por el ataque a Cristina Fernández

La Justicia argentina procesó este viernes a los jóvenes Nicolás Carrizo y Agustina Díaz, como "partícipes secundarios" del "plan común" de dar muerte hace un mes a la vicepresidenta, Cristina Fernández, con los otros dos detenidos por el ataque, según el fallo al que accedió EFE.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti les dictó la prisión preventiva como a los otros procesados: Femando Sabag Montiel -acusado de ser quien disparó a la vicepresidenta sin que detonara- y Brenda Uliarte -la novia del atacante-.

A los detenidos se les imputa la "planificación del intento premeditado de dar muerte" a Cristina Fernández en la causa caratulada como tentativa de homicidio agravado.

Intento de asesinato

Cristina Fernández, que fue presidenta entre 2007 y 2015, salió ilesa el 1 de septiembre pasado de un ataque que se produjo frente a la puerta del edificio de Buenos Aires en el que vive, durante una manifestación de seguidores que le transmitían su apoyo después de que el pasado 22 de agosto un fiscal solicitara 12 años de prisión para ella por presunta corrupción.

El brasileño Fernando Sabag Montiel, de 35 años, y su novia, Brenda Uliarte, de 23 años, son acusados de "la coautoría" del ataque.

A Agustina Díaz, de 21 años, amiga de Uliarte, se le imputa haber tomado parte "prestando su acuerdo y cooperación" en la planificación del ataque.

Nicolás Carrizo, de 27 años, conocido como jefe de la "banda de los copitos", como se llama al grupo de vendedores de algodones de azúcar, al que también pertenecían el brasileño y su novia, es acusado de intervenir "de forma activa" en la planificación del ataque, al aportar un arma de fuego que finalmente no fue la empleada.

Las penas

Para la Justicia, Agustina Díaz y Nicolás Carrizo deben responder como partícipes secundarios, después de que quedara probado que no estuvieron presentes en el ataque, pero "confiaron su ejecución" a los otros dos procesados.

A Agustina Díaz y Nicolás Carrizo se les dictó el embargo por 100 millones de pesos (678.794 dólares) a cada uno.

"El análisis global de las conversaciones mantenidas entre ellos, permitió establecer que todos los imputados confluyeron en el propósito de causarle la muerte a la Vicepresidenta de la Nación, intercambiando opiniones acerca del modo en que debía ser llevado a cabo el hecho", dice el procesamiento.