Política

La inmigración, desde el control de fronteras al derecho a empezar de nuevo

Los partidos presentan propuestas opuestas sobre regularización y acogida con la situación en Ceuta y Canarias en el foco
Personas que entraron en Ceuta durante la llegada masiva de julio en un reparto de alimentos organizado por Cruz Roja.
Personas que entraron en Ceuta durante la llegada masiva de julio en un reparto de alimentos organizado por Cruz Roja. / EP

La inmigración vuelve a ocupar un lugar central en el debate político de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El aumento de las llegadas a Canarias, la presión sobre los recursos de acogida y las dificultades para atender a los menores extranjeros no acompañados han situado la política migratoria entre los asuntos que dividen a las formaciones. Ceuta y Canarias se han convertido en uno de los principales focos de esa discusión tras la entrada masiva de personas migrantes registrada a finales de julio y en noviembre, que volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones y abrió un enfrentamiento político sobre la gestión.

La crisis de la ciudad autónoma también ha tenido consecuencias dentro del PSOE. Las discrepancias de dos de sus diputados en la Asamblea con la dirección del partido han trasladado el debate migratorio al ámbito interno de la formación. El episodio refleja hasta qué punto la respuesta a las llegadas, la atención a los menores y el reparto de responsabilidades se han convertido en asuntos de confrontación política.

Los partidos concurren a las urnas con planteamientos muy diferentes. PP y Vox defienden endurecer las condiciones de entrada y permanencia, aunque sus propuestas difieren en alcance. PSOE y Frente Amplio apuestan por ampliar las vías legales, facilitar la regularización y reforzar las políticas de integración. En paralelo, PNV, EH Bildu, ERC y Junts reclaman mayor capacidad para gestionar la llegada y acogida de personas migrantes desde sus respectivos territorios.

El contexto vuelve a estar marcado por el repunte de las llegadas por vía irregular. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre han llegado a España 44.238 personas por esta vía, un 39,4% más que en el mismo periodo de 2025, según el balance del Ministerio del Interior. Canarias ha recibido 24.364, un 65,9% más. Solo durante la primera quincena de noviembre alcanzaron el archipiélago 11.037 personas en 106 embarcaciones. El balance no incluye las entradas masivas registradas en Ceuta a finales de julio. Las cifras han reavivado las demandas de recursos para atender a quienes llegan y las diferencias sobre cómo debe organizarse la acogida.

Decenas migrantes intentan traspasar frontera entre Ceuta y Marruecos el 31 julio de 2026

Decenas migrantes intentan traspasar frontera entre Ceuta y Marruecos el 31 julio de 2026 EP

PP y Vox endurecen las condiciones

El Partido Popular plantea ajustar la inmigración “a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad de acogida”. El programa de Alberto Núñez Feijóo propone establecer cupos anuales de trabajadores extranjeros, revisables en función del desempleo, las vacantes y los recursos disponibles. También apuesta por la contratación en origen y por seleccionar a los trabajadores mediante criterios como la formación, la experiencia profesional y el conocimiento del idioma, cuestiones excluyentes para las personas recién llegadas al país.

Respecto a las entradas irregulares, el PP propone identificar en un máximo de siete días a quienes crucen la frontera por vías no autorizadas y agilizar las devoluciones. El partido también pretende prohibir las regularizaciones masivas y limitar el arraigo a situaciones excepcionales. Además, incorpora el criterio del “vínculo con España” para establecer prioridades en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos.

Vox lleva esas restricciones más lejos. La formación de Santiago Abascal sitúa la inmigración entre sus principales ejes y utiliza el lema “Ni uno más” para resumir su posición. Su programa plantea impedir nuevas regularizaciones de personas que hayan entrado irregularmente, suprimir el arraigo como vía “para obtener residencia” y promover la repatriación de quienes se encuentren en situación administrativa irregular.

El partido propone también un plan de “remigración” para facilitar el retorno de extranjeros y defiende deportar a quienes cometan determinados delitos o a quienes, según su formulación, mantengan comportamientos incompatibles con su modelo de convivencia. A ello suma la “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones, vivienda pública y otros recursos. En materia sanitaria, plantea limitar la atención a las personas en situación irregular. En Ceuta y Melilla, además, defiende reforzar el control fronterizo y militarizar las fronteras.

Propuesta de 500 millones

Frente a estas posiciones, el PSOE defiende una política migratoria “regular, humana y eficaz”, vinculada a las necesidades demográficas y económicas. Apuestan por simplificar los trámites administrativos, fomentar la contratación en origen, agilizar la homologación de títulos extranjeros y ampliar las vías legales de protección internacional.

Entre sus compromisos figura el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con una dotación inicial de 500 millones de euros. La iniciativa busca reforzar las políticas de acogida, formación, empleo y convivencia. Los socialistas sostienen que la integración debe garantizar derechos y, al mismo tiempo, establecer obligaciones. También defienden la cooperación con los países de origen y tránsito para combatir las redes de tráfico de personas y evitar que las rutas migratorias dependan de organizaciones que se lucran con la vulnerabilidad de quienes emprenden esos viajes.

La gestión de la frontera sur, sin embargo, ha abierto un frente de críticas al Ejecutivo. La entrada masiva en Ceuta y la situación de los menores no acompañados han alimentado el enfrentamiento entre el Gobierno español y el PP. Los populares cuestionan la respuesta del Ejecutivo y reclaman más control y devoluciones, mientras que el Gobierno defiende la cooperación con los países de origen y tránsito y acusa a la oposición de obstaculizar el reparto de menores entre comunidades. La controversia también ha alcanzado al PSOE de Ceuta, después de que la dirección del partido abriera un expediente a los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero por sus discrepancias y su apoyo a iniciativas del Gobierno local del PP.

El Frente Amplio sitúa la regularización en el centro de su propuesta. Defiende culminar el proceso extraordinario de 2026 y establecer una vía permanente para facilitar la documentación de las personas extranjeras que ya viven en el Estado. También plantea agilizar las citas en extranjería, reformar la Ley de Extranjería, derogar el rechazo en frontera y reforzar la vigilancia independiente de los derechos humanos en la Frontera Sur. Su planteamiento coincide con el PSOE en la defensa de vías legales, pero reclama cambios más profundos en las políticas de devolución y en las garantías de protección.

Euskadi y Catalunya reclaman competencias

PNV y EH Bildu coinciden en reclamar más capacidad de decisión para Euskadi, aunque difieren en el modelo de gestión y en el equilibrio entre control, acogida y derechos. El PNV propone una gestión integral que abarque desde la llegada hasta la residencia, el trabajo y la integración. Reclama que Euskadi sea reconocida como “frontera norte”, una mayor participación de la Ertzaintza en extranjería y capacidad para intervenir en la tramitación de permisos.

Los jeltzales vinculan esa reivindicación a una acogida descentralizada, con financiación suficiente y coordinación entre administraciones. También defienden la contratación en origen, la homologación de títulos y el aprendizaje del euskera como herramientas de integración. Gorka Urtaran ha reclamado las competencias y cuestionado la apertura del centro de acogida de refugiados de Arana, en Gasteiz, al defender que la atención se organice mediante recursos distribuidos por el territorio.

EH Bildu aborda la migración desde los derechos humanos y el interés superior de la infancia. Reclama una regularización estable, una nueva Ley de Extranjería y el fin de las devoluciones sumarias, los Centros de Internamiento de Extranjeros y la externalización de fronteras. Defiende una acogida integral y el acceso a los servicios públicos con independencia de la situación administrativa. También reclama el traspaso de competencias para desarrollar un modelo vasco propio.

En Catalunya, ERC y Junts también reclaman capacidad de decisión, aunque con prioridades diferentes. Esquerra defiende que la Generalitat gestione migración y asilo desde las garantías jurídicas y los derechos humanos. Rechaza las deportaciones automáticas sin garantías y los centros de retorno en terceros países, y apuesta por ampliar las vías legales y seguras.

Junts ha convertido el traspaso de competencias en una de sus principales reivindicaciones y ha endurecido su discurso. Míriam Nogueras resume su planteamiento en “más control, trabajo y lengua”. La formación reclama intervenir en permisos, expulsiones y fronteras, y vincula la integración al conocimiento del catalán. Su posición contrasta con la de ERC, que pone mayor énfasis en el asilo y las garantías de protección.

Permisos de trabajo en Nafarroa

En Nafarroa, UPN concurre en coalición con el PP y defiende una inmigración “legal y ordenada”, la contratación en origen y una mayor capacidad para gestionar los permisos de trabajo. En septiembre, el Parlamento navarro reclamó al Estado la transferencia de las autorizaciones iniciales de trabajo para extranjeros. La iniciativa salió adelante con los votos de UPN y Geroa Bai, entre otros, y mostró que la reivindicación de herramientas vinculadas al empleo puede reunir a fuerzas con posiciones distintas sobre la política migratoria.

El debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados tiene consecuencias directas en los territorios. Cada traslado implica garantizar una plaza residencial, escolarización, atención sanitaria y acompañamiento profesional a jóvenes que, en muchos casos, han llegado sin familiares. Las administraciones deben determinar cómo distribuir las responsabilidades y asegurar recursos estables para que la atención no dependa de la capacidad puntual de cada comunidad. Para quienes esperan una plaza, las decisiones que se toman en las instituciones se traducen en algo mucho más inmediato como dónde van a vivir y quién se ocupará de ellos.

2026-11-20T06:59:13+01:00
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