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Política

La Fiscalía francesa pide cinco años de cárcel para Urrutikoetxea

Imagen de archivo de Josu Ternera.
Imagen de archivo de Josu Ternera.

La Fiscalía francesa reclamó este miércoles cinco años de prisión para José Antonio Urrutikoetxea porque considera que, en contra de lo que el exdirigente de ETA afirma, no dejó de pertenecer a la organización terrorista hasta que él mismo anunció su disolución en mayo de 2018.

La fiscal, que pidió al Tribunal Correccional de París que en caso de ser condenado su encarcelamiento quede diferido (entraría en prisión unos días o unas semanas después de que se conociera la sentencia), dijo que la pena de cárcel tendría que ir acompañada de la expulsión definitiva de Francia de Josu Ternera.

Su principal argumento para justificar esa pena es que no hubo "ninguna ruptura" de Urrutikoetxea con ETA, pese a que él haya insistido durante los dos días del proceso en que salió de la organización en septiembre de 2006 por disensiones ya que consideraba entonces que había que dejar la lucha armada.

La representante del Ministerio Público repitió que en el periodo que va de 2011 a julio de 2013. por el que está encausado en esta causa, estuvo viviendo en la clandestinidad y, si era verdad como pretende que ya no estaba en ETA, debería haberse entregado porque se sabía buscado. A ese respecto, añadió que en esos años no había razones para temer que si era juzgado en el Estado españolno se garantizarían sus derechos.

Sobre todo, hizo hincapié en que si en mayo de 2018 fue una de las dos personas que leyó el comunicado de disolución de la banda es porque "era miembro de esta organización terrorista".

Este juicio es consecuencia de la condena a ocho años de cárcel que había recibido en 2017 en rebeldía, antes de ser capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019. Tras su captura, como es su derecho, pidió que se repitiera el proceso en su presencia y la fiscal consideró que la primera sentencia era "excesiva".

Pero, pese a todo, estimó que su posición actual sobre la actividad de la banda es "ambigua", ya que "le cuesta reconocer que las acciones de ETA eran terroristas", en relación con las respuestas que le dio en el interrogatorio de esta tarde.

Aunque la fiscal reconoció que hay múltiples pruebas de que Urrutikoetxea estuvo entre finales de 2011 y hasta enero-febrero de 2013 (durante la mayor parte del periodo de acusación) formando parte de una delegación con los etarras Iratxe Sorzábal y David Pla que pretendía negociar con el Gobierno español, hizo notar al tribunal que no es competente para dictaminar sobre esos hechos.

La línea de defensa de Josu Ternera, que tiene 70 años y está desde el verano del pasado año en libertad bajo control judicial (con brazalete electrónico), pasa por subrayar que desde septiembre de 2006 está desvinculado con ETA.

También por subrayar que si formó parte de la delegación negociadora en Noruega y puso su voz en el mensaje de disolución de la banda es porque le fueron a buscar por trayectoria y su voluntad de poner fin a la lucha armada porque se había implicado en varios procesos de negociación.

Su abogado Laurent Pasquet-Marinacce hizo hincapié en que en las investigaciones abiertas en Francia sobre ETA no se han encontrado "ni un solo elemento" de que Urrutikoetxea tuviera alguna relación con la banda desde 2005 y la razón es que "no tenía contactos" con sus miembros.

Pasquet-Marinacce solicitó al tribunal la absolución aun en el caso de que las juezas que lo componen consideren que sí seguía en la banda, dado que a su parecer mantenía desde hacía tiempo "una distancia demostrada" con la organización de acciones violentas.

El juicio ha quedado visto para sentencia, que se hará pública el próximo 1 de septiembre, doce días antes de que se celebre el segundo proceso que tiene pendiente en Francia, y que será de nuevo la repetición de otro en el que fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel. La Justicia francesa, por otro lado, se ha pronunciado de forma definitiva por su entrega a España por dos causas.

La Audiencia Nacional de Madrid lo reclama por su presunta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de la guardia civil de Zaragoza en 1987, en el que hubo once muertos, y por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.

17/06/2021
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