Susana Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia que denunció al eurodiputado y fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha confirmado este lunes en el Tribunal Supremo que los mensajes que recibió afectaron a su vida profesional y personal.
Así lo han indicado fuentes jurídicas, tras la declaración como testigo de Gisbert en la causa en la que el alto tribunal investiga a 'Alvise' por los mensajes que difundió a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal, al entender que pudo haber actuado con intención voluntaria y consciente de comprometer la vida de la representante del Ministerio Público.
Gisbert ha señalado en su testifical, que ha durado menos de una hora, que, tras los mensajes del eurodiputado en Telegram, intentaron acceder a las redes sociales de su hija. Esta situación, además de los mensajes recibidos por la propia fiscal, perjudicó a su vida personal y profesional, según ha declarado.
En concreto, están bajo la lupa dos mensajes difundidos en Telegram en los que se hacía referencia al organigrama de "las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'". "Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión", manifestaba.
En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de "haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".
Gisbert denunció los hechos en un juzgado de Valencia por presuntos delitos de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales. El alto tribunal asumió la investigación al estar 'Alvise' aforado por su condición de eurodiputado y la Eurocámara acordó levantar su inmunidad en esta causa.
En la denuncia, Gisbert daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en 2024 en un chat de Telegram y que habían conllevado que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
Investigado por otras 5 causas
Los magistrados abrieron la investigación al considerar que la actuación de 'Alvise' podría encajarse en el delito de acoso, conocido como 'stalking', toda vez que afectó la vida de la fiscal de Valencia y su familia.
"Su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, (...) muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima", apunta el tribunal en su auto de 11 folios.
Además de esta, 'Alvise' está siendo investigado en el Supremo en otras cinco causas: presuntas coacciones al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador, José Ignacio Landaluce; la difusión de una PCR falsa del presidente de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa; presunto desorden público por mensajes durante una protesta agrícola; supuesta financiación ilegal de su partido, y presunto acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.