La ley vasca de Educación sigue adelante. Ayer salvó el trámite de ver caer las enmiendas a la totalidad presentadas -qué extraña combinación- por Vox, Ciudadanos, PP y Elkarrekin Podemos.

Lo significativo es que, además de los dos socios del gobierno, EH Bildu también contribuyó con sus votos para pasar a la siguiente pantalla. Lo hizo, eso sí, sin privarse de dejar sobre el atril algo parecido a un ultimátum: si se mantienen los modelos lingüísticos, no la apoyará. Eso, mientras desde la bancada socialista se insistía en que sin la permanencia de los modelos, serán los liderados por Andueza quienes se borren del acuerdo.

Insisto en que cualquiera de las dos circunstancias sería una pena. Es verdad que la norma saldría adelante sin los votos de alguna de las dos formaciones. Pero esta ley no puede salir por la mínima. O no debería, mejor dicho. Estamos hablando de unas disposiciones pensadas para varias generaciones. Es necesario un consenso transversal como el que supondría la suma de PNV, EH Bildu y el PSE, que, si han llegado hasta aquí después de un tortuoso viaje, es porque coinciden en buena parte de los aspectos fundamentales del texto.

Y sí, por supuesto, la materia lingüística es capital en la educación. Pero aparte de que, con o sin modelos, no queda mal resuelta, a esta ley debemos pedirle algo más. Para empezar, que sirva para fomentar la igualdad. Para evitar que las aulas se conviertan en guetos. Para promover las mismas oportunidades al alumnado independientemente de la capacidad económica de sus familias, de su origen o del lugar de residencia. Para luchar contra el acoso y todo tipo de violencia en los centros escolares. Para que, al terminar el ciclo obligatorio, además de manejarse igual de bien en euskera y castellano, las y los jóvenes sepan, por poner tres ejemplos, quién fue el lehendakari Agirre, qué supuso el franquismo o qué hizo ETA.