Dentro del panorama económico mundial existe un problema del que muchos analistas e investigadores llevan meses advirtiendo pero que muchos gobiernos están afrontando como si se tratara del elefante blanco en la habitación. Es la deuda pública, que se ha disparado desde la reactivación de la economía tras la pandemia y que va a condicionar la confección de los presupuestos en buena parte de Europa y del resto de economías del mundo no sujetas a una fuerte intervención estatal, como es el caso de China.
La deuda soberana no es un problema en sí misma si existe un sistema productivo detrás que genere los recursos necesarios para hacerse cargo de ella, pero puede convertirse en una losa si estalla una crisis que, por cualquier otro motivo, descabalgue la economía de un país. Algo similar ocurrió con la crisis del euro, que entre los años 2008 y 2012 castigó de forma severa a la Eurozona. En algunos países, entre ellos España e Irlanda, la burbuja inmobiliaria -con una alta deuda privada que implicaba a entidades financieras y particulares- desbordó la capacidad de pago de todos los agentes. En otros, fue la incapacidad de los gobiernos de hacer frente al desembolso de las pensiones, como Grecia. Poco a poco, otros Estados, como Francia e Italia, descubrieron también que su déficit público se había disparado, lo que generó un efecto contagio. Cada país sumaba sus circunstancias concretas, pero lo que imposibilitó hacerles frente de forma rápida y lo que condujo a un bloqueo fue la deuda pública. Los mercados internacionales exigían cada vez más intereses por sus préstamos y la manera en la que los Estados pudieron encarar el problema fue con recortes y austeridad.
El consenso entre los economistas es que aquellas medidas supusieron un error, pero también advertían de que un episodio de deuda desbocada podía atenazar de nuevo a Europa. Se tomaron medidas, especialmente por parte de los bancos, que son ahora mucho más cuidadosos y restrictivos en la concesión de créditos, al tiempo que los gobiernos prestaron más atención al déficit público, con diversas reformas laborales y de pensiones. Reforzar la inversión pública dentro de un marco fiscal y monetario más unido permitió afrontar la crisis económica que supuso la pandemia de forma menos traumática, aunque la desigualdad social no se ha frenado.
El crecimiento de la deuda pública llega tras sucesivos episodios de inflación, una factura energética que no se contiene, la inversión en infraestructuras y por un envejecimiento demográfico que obliga a elevar el gasto en pensiones, sin olvidar que los Estados están incrementando su partida en defensa ante la amenaza rusa. Organismos como el FMI y la Comisión Europea ya han emitido diversos avisos. La semana pasada, el FMI apremió a todos los gobiernos a acometer reformas en las cuentas públicas para avanzar en el equilibrio fiscal. Es decir, aumentar los ingresos y contener los gastos. Financiarse en los mercados resulta cada vez más caro por la inflación. De hecho, el gasto medio de los intereses de deuda pública que recae sobre los países va a pasar del 2,1% en 2021 al 3,7% en 2031, a lo que se añade el aumento del propio volumen de esos débitos. Además, las economías avanzadas han optado por refinanciar su deuda con plazos de vencimiento más cortos, lo que impacta en mayor medida sobre los intereses pagados, mientras los principales bancos centrales del mundo elevan los tipos de interés.
La previsión es que en el año 2030 la deuda pública internacional superará el 100% del PIB mundial, un nivel que no se ve desde el final de la Segunda Guerra Mundial. “Cuanto más tiempo esperen los países, más doloroso resultarán los ajustes”, ha señalado el FMI.
Llamamientos a la prudencia desde Bruselas
Por su parte, la Comisión Europea lleva meses reclamando a los países miembros "prudencia". La subida de los rendimientos de los bonos de deuda que emiten los Estados para financiarse aumentarán sus costes. “Se trata de un fenómeno mundial y sus repercusiones se irán dejando sentir gradualmente en toda Europa, especialmente en los Estados miembros con una elevada deuda pública”, alertó el mes pasado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis. El alza de los intereses de los bonos aumenta el gasto para las arcas públicas, sobre todo en los países con un mayor endeudamiento -Grecia, Italia, Francia, Bélgica y España-, en un momento en el que muchos cuentan con escaso margen fiscal para afrontar unos gastos crecientes, ya sean inversiones en defensa o medidas de apoyo frente a la inflación.
El caso de Francia es el que más preocupa. Se trata de la segunda economía más importante de la Eurozona y su evolución negativa puede arrastrar a otras. “Somos un país adicto a la deuda”, llegó a decir el pasado año el ex primer ministro galo, el centrista François Bayrou. El gobierno de Sebastien Lecornu acaba de empeorar las previsiones de déficit público hasta el 5,4% del PIB para este año, mientras la deuda pública ya es del 121% del PIB. Lecornu insiste en que no habrá una subida general de impuestos y que el incremento de los ingresos procederá principalmente de la reducción de algunas ventajas fiscales y de una mayor lucha contra el fraude, pero ya se prevé una bajada de las pensiones máximas. Entre las medidas estudiadas también figuran cambios en algunas deducciones fiscales.
Ante esta situación, las miradas se dirigen al Banco Central Europeo, cuyo papel fue determinante para evitar que el euro se acercase al abismo en la crisis de la pasada década. “Si la disfunción del mercado amenaza la estabilidad financiera, los bancos centrales deben intervenir”, pero una elevada deuda pública puede complicar la intervención de estos organismos, ha dicho recientemente Pablo Hernández de Cos, uno de los favoritos para relevar a Christine Lagarde en la presidencia del BCE el próximo año.
Un endeudamiento que cae, pero que sigue en el filo del 100% del PIB
En España, el problema de la deuda pública no parece figurar entre las principales preocupaciones de los responsables económicos. La ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el mes de julio en el 99,9% del PIB, lo que supone un 2,4% menos que en el mismo período del año anterior, con un importe de 1,744 billones de euros, según el Banco de España. Según la estimación disponible para julio, la ratio habría descendido por debajo del 100% por primera vez desde febrero del año 2020, justo antes de la pandemia. El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura. Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13 %, que es el valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Nafarroa (8,4%), Canarias (10,9%), Euskadi (11,7%), Madrid (12,3%) y Asturias (12,5%). Por el contrario, la Comunidad Valenciana continúa siendo la más endeudada, con una ratio del 40 %, seguida de Murcia (30 %) y de Catalunya y Castilla-La Mancha, en ambos casos un 28,1%.
Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas. Además, el Banco de España ya ha dado la voz de alarma. Su director de Economía, David López Salido, ha señalado que el Estado debe preservar margen fiscal para responder a futuras perturbaciones sin trasladar cargas excesivas a las generaciones más jóvenes por el alza de la inflación. No obstante, sostiene, España afronta esta etapa con una posición patrimonial y financiera sólida de hogares, empresas y bancos, con gran ahorro, tanto en perspectiva histórica como en comparación con el área del euro, gracias al saneamiento de sus balances tras la crisis anterior. No obstante, emergen problemas que se enquistan, como el del acceso a la vivienda.