Garamendi critica el componente "político y electoral" de la huelga y cree que puede ser ilegal

Actualizado hace 1 minuto

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes la huelga general anunciada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas para este otoño por su "claro componente político y electoral", al tiempo que ha afirmado que podría ser ilegal. En este sentido, en declaraciones a Onda Cero, ha advertido de que las organizaciones convocantes "han tenido que buscar el encaje para ver dónde meten lo laboral", pues, en realidad, ha dicho Garamendi, no se trata de un tema laboral.

Así, el dirigente patronal ha puesto en duda la legitimidad laboral de este instrumento de presión porque "la ley dice que una huelga sólo tiene sentido cuando hay un conflicto laboral" y no es el caso, y ha denunciado que se intente responsabilizar a las empresas de la situación del mercado inmobiliario.

"La realidad es que llevamos ocho años de gobierno, la realidad es que nosotros estamos hablando del problema de la vivienda desde hace mucho tiempo, porque es verdad que hay un problema real de la vivienda, y la realidad es que parece que nadie tiene ninguna culpa o responsabilidad sobre lo que había que haber trabajado durante todos estos años, como la falta de viviendas, y parece que la culpa vuelve a ser de los empresarios", ha lamentado.

Asimismo, Garamendi ha calificado de inusual el enfoque de la movilización. "Parece que se monta una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno", ha ironizado, apuntando que tradicionalmente las huelgas generales se dirigen contra la gestión del Ejecutivo y que en este caso, sus motivos, "tienen su aquel".

El presidente de la CEOE también se ha referido a la naturaleza de una de las organizaciones convocantes, precisando que el Sindicato de Inquilinas es en realidad "una asociación, no un sindicato". "A ver, que es muy respetable una asociación, que defienda lo que tengan que defender, pero yo quiero aclarar que eso no es un sindicato. Un sindicato es otra historia, como es el caso de CCOO y UGT", ha puntualizado, aunque ha añadido que, en este caso, considera que las centrales sindicales "están fuera de tono".

Calentar la calle para dividir

En este contexto de precampaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Garamendi ha hecho un llamamiento a la prudencia y a mantener el clima de diálogo. "Si algo tenemos algunos que hacer, especialmente los agentes sociales, es marcar la tranquilidad, la estabilidad y nuestra responsabilidad de la paz social, que es la clave, y no calentar la calle para dividir", ha reclamado.

El líder de la patronal ha defendido la función institucional de los agentes sociales reconocida en la Constitución y ha rematado insistiendo en que "la mejor infraestructura en sociedad es la paz social". Por eso, ha rechazado la huelga anunciada, afirmando que carece de razones justificadas y de la que ni siquiera se conocen todavía las fechas ni los detalles concretos de su articulación.

Preguntado por si esta huelga podría ser ilegal, Garamendi ha respondido que "perfectamente". "Sólo faltaba que las empresas pequeñitas encima tengan que pagar la fiesta", ha criticado.

Los decretos, "arma" electoral

Asimismo, el dirigente empresarial ha reprochado al Gobierno que pretenda aprobar los decretos de vivienda un día después de disolver las Cortes "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid", y que vuelva a presentarlos "como arma política en una campaña electoral".

"El Parlamento está para lo que está, y yo creo, te podría gustar el que había o no, pero un respeto a lo que ha habido. Cuántas normas, por ejemplo, no nos han gustado, que se han aprobado. El mismo Parlamento, y no por ello se ha disuelto. Lo digo porque claro, esto no me vale, la democracia está para soportarnos entre todos, para aguantarnos y para aceptar las medidas que se toman en un Parlamento legítimo", ha concluido.

Dudas sobre su "encaje jurídico"

CEOE y Cepyme han calificado este martes de "inadmisible" la huelga general anunciada ayer por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno español, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".

Según han advertido las patronales a través de un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.

Al tratarse de cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden en exclusiva a la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial y que, por tanto, las reivindicaciones "no son, en esencia, de naturaleza laboral".

Por este motivo, CEOE y Cepyme consideran "inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".

Asimismo, han subrayado que, con la convocatoria de elecciones fijada para el próximo 29 de noviembre, resulta "difícilmente justificable" emplear la actividad económica "como tablero para influir en un proceso electoral que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".

Por otro lado, las patronales han puesto en duda la legalidad de la huelga e insisten en que la información conocida hasta la fecha no permite realizar una valoración definitiva, "especialmente sobre su encaje jurídico". En este sentido, han puntualizado que la huelga está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido por la ley. Las organizaciones empresariales han asegurado que analizarán con detalle la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.