La Audiencia Provincial de Madrid estudiará a partir de este lunes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque su resolución sobre este punto clave del procedimiento no se prevé para el mismo día, ya que deberá plasmarse en un auto motivado.
La Audiencia analiza tres recursos clave de la causa
Los cinco magistrados que integran la Sala reforzada de la Sección 23, presidida por Rosario Martínez Meilán y con Enrique Jesús Bergés como ponente, abordarán tres cuestiones.
La principal será el recurso contra la decisión de Peinado de continuar la causa mediante el procedimiento de jurado popular contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
También deliberarán sobre el recurso presentado por la acusación popular contra el archivo del presunto delito de intrusismo profesional, así como sobre otro relativo a una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír.
Fuentes jurídicas señalan que la deliberación podría prolongarse más de un día dada la complejidad del asunto y la voluntad de los magistrados de alcanzar un criterio común.
Un procedimiento marcado por las correcciones de la Audiencia
La causa, abierta en abril de 2024, investiga el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la creación y patrocinio del software vinculado a la misma, su supuesta influencia en contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés y el trabajo desarrollado para ella por su asesora, retribuida con fondos públicos.
La Audiencia de Madrid ha respaldado algunas decisiones del juez instructor, aunque también ha corregido otras. Entre ellas, revocó la investigación por malversación en una pieza separada y anuló posteriormente, por falta de motivación, el primer auto que transformaba la causa en procedimiento de jurado.
Como respuesta, Peinado dictó el 11 de abril un nuevo auto en el que volvió a cerrar la instrucción e insistió en que los tres procesados fueran juzgados por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
En cambio, archivó la investigación por el presunto delito de intrusismo profesional relacionado con la firma de unos pliegos sobre el software desarrollado en el seno de la cátedra.
Fiscalía y defensas rechazan la apertura de juicio
Tras ese auto, confirmado por el juez en mayo al desestimar los recursos de la Fiscalía y de las defensas, todas las partes recurrieron ante la Audiencia Provincial, que ahora deberá decidir si mantiene el procedimiento, los delitos imputados y que el juicio sea celebrado por un jurado popular.
La Fiscalía sostiene que ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados cometieron delito y ha solicitado reiteradamente el archivo de la causa. Tras la apertura de juicio oral, pidió además la absolución de los tres procesados.
El ministerio público tampoco comparte que el asunto deba enjuiciarse mediante jurado popular, al considerar que no concurre la conexidad entre delitos invocada por el juez.
En la misma línea, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, sostiene que el auto de Peinado se basa en "conjeturas" sin respaldo indiciario y que la causa solo continúa contra su defendida por ser la esposa del presidente del Gobierno.
La defensa de Cristina Álvarez mantiene igualmente que su actuación se limitó a las funciones propias de su puesto y que únicamente prestó apoyo puntual a Gómez en asuntos relacionados con la cátedra universitaria.
Por su parte, Juan Carlos Barrabés afirma que "no hay ni una sola evidencia" que sustente los delitos que se le atribuyen.