Mejorar la potencia eléctrica a la que tiene acceso el tejido empresarial vasco es una de las prioridades del Departamento de Industria. Pero no está resultando sencillo. Electrificar la economía para así rebajar la dependencia de los combustibles fósiles requiere también de acuerdos y decisiones políticas. Ayer, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados acogió la presentación formal de la Planificación de Redes Eléctricas con horizonte 2030, que incluye aumentar en más del 50% la potencia de la red eléctrica de transporte de Euskadi, hasta los 6.000 megavatios, en los próximos cinco años. El trámite que resta ahora es la aprobación en Consejo de Ministros.
El detalle del nuevo plan del Gobierno central lo dio a conocer la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que subrayó también que esta estrategia contempla una inversión total de 17.142 millones de euros y que permitirá atender 47,4 gigavatios. La ejecución del plan la llevará a cabo Red Eléctrica de España (REE), que precisamente ayer anunció que ha culminado la ampliación de la subestación de Abanto para reforzar el suministro e impulsar la actividad económica e industrial en Bizkaia.
Industria llevaba en conversaciones desde el pasado año con el Ministerio para hacer efectiva una ampliación de la potencia eléctrica que resulta esencial para el desarrollo empresarial y económico de Euskadi. La generación de renovables no basta para compensar la alta dependencia de los combustibles fósiles. De hecho, según los datos del Gobierno Vasco, en el sector industrial vasco, el 46% del consumo energético sigue siendo de origen fósil, una cifra elevada que, no obstante, es inferior a la media europea, situada en el 49%, y menor a la del Estado, que alcanza el 56%. Además, el 43% de la energía que consume la industria vasca es electricidad, frente al 33% en Europa y el 31% en el Estado.
El principio de acuerdo verbal entre el Ministerio y el Departamento vasco de Industria para elevar la potencia eléctrica al 40% en Euskadi había quedado establecido el pasado año, pero su tramitación ha avanzado de manera lenta y no fue hasta el mes de julio cuando se aprobó el Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en el Estado.
El siguiente paso relevante llegó en septiembre, cuando el consejero de Industria, Mikel Jauregi, anunció que el compromiso bilateral permitirá ampliar hasta 6.000 megavatios la potencia de la red eléctrica en Euskadi, un 50% más que la actual. Para conseguir esta potencia adicional, se actuará en casi todas de subestaciones existentes, con más de 20 actuaciones y se crearán 10 nuevos parques de subestaciones. El total de la potencia añadida se desagregará a través de 2.300 megavatios desde la red de transporte para puntos de apoyo a la distribución y grandes demandantes industriales, 750 para generación renovable eléctrica propia, y otros 3.000 adicionales en la red de distribución para la descarbonización y crecimiento del tejido industrial.
Acometer toda esta inversión en los próximos cinco años por parte de Red Eléctrica de España permitirá a la industria vasca disponer de "más enchufes", una petición que el Gobierno Vasco había lanzado con insistencia en los últimos años. Las redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución, constituyen también un núcleo básico de actuación, sobre todo para ampliar su resiliencia mediante la digitalización, puesto que la demanda de electricidad en los próximos años va a ser creciente. En este sentido, además del refuerzo de la red de transporte, el Gobierno Vasco ha aprobado este año el Plan Anual de Inversiones de Iberdrola Distribución, con 332 millones de euros entre 2027 y 2029, y más de 110 millones ya en 2027.
Existe preocupación dentro del sector industrial electrointensivo por la alta inflación energética. Al mismo tiempo, la presencia de un nuevo actor de alto gasto energético, los centros de datos, puede encarecer el precio de la electricidad en el Estado en los próximos años. Disponer de mejores infraestructuras podría contribuir, en este sentido, a rebajar la factura energética de la industria. En este aspecto, la eliminación progresiva, con perspectiva de quedar suprimido en 2028, del impuesto a la generación eléctrica (7%) también será útil para el tejido empresarial de la CAV.
El compromiso busca dar respuesta a las necesidades de conexión identificadas por 117 empresas intensivas en consumo, lo que garantiza la continuidad de más de 70.000 empleos en Euskadi, según los datos del propio Ejecutivo. Su alcance permitirá ofrecer una perspectiva de suministro a largo plazo a proyectos industriales que necesitan disponer de más potencia eléctrica para descarbonizase, crecer, expandirse, modernizar sus instalaciones o avanzar en la electrificación de sus procesos productivos.