La acusación de Bárcenas apunta que Kitchen presionó al tesorero que podía tumbar al Gobierno

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La acusación particular que ejerce la familia de Luis Bárcenas considera acreditado que Kitchen fue una "operación parapolicial delictiva clandestina e ilícita" organizada desde la cúpula de Interior para presionar al extesorero del PP e interceptar y "hacer desaparecer" información relacionada con el caso Gürtel.

"Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno", ha sostenido la letrada del extesorero, Marta Giménez-Cassina, al exponer este jueves su informe final en el juicio del caso Kitchen, en el que la Audiencia Nacional enjuicia a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz.

"Al margen de la ley"

Esta acusación, que ejercen el extesorero, su mujer, Rosalía Iglesia, y su hijo, Guillermo, ha recalcado que las pruebas han acreditado que la operación ejecutada por altos mandos policiales "se ha hecho al margen de la ley" y de la investigación judicial y policial de Gürtel y con el fin espurio de sustraer información útil para ese caso que el extesorero pudiera usar en su defensa o para dañar al PP.

"Se han utilizado las instituciones del Estado por quienes ostentaban un gran poder y para cometer delitos de los que han sido víctimas la familia Bárcenas y el Estado", ha recalcado la letrada, que atribuye al exministro la "dirección política" y la autorización de todo este operativo, sufragado con fondos reservados.

A través de una "abrumadora prueba", esta parte considera acreditado el empleo del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cómo confidente, el volcado de tres de sus dispositivos, los seguimientos a la mujer y el hijo del extesorero o el "allanamiento" del taller de restauración de Rosalía Iglesias.

Especial énfasis ha hecho esta acusación en el control y el trato "vejatorio y delictivo" que según esta parte sufrió el extesorero en la prisión de Soto del Real, un centro empleado como un "instrumento de coacción" hacia Bárcenas y que "depende directamente del Ministerio del Interior".

"Lo que no sabemos es lo que pensaban que podía llegar a tener para montar ese operativo", ha afirmado la letrada, que ha subrayado el "pánico" y el "miedo tremendo" que tenían al extesorero.

El objetivo de la operación "clandestina" e "ilegal" siempre fue el mismo: encontrar documentos y grabaciones en poder del extesorero, quien en su declaración como testigo en este juicio sostuvo que tenía grabado al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destruyendo la última hoja de la contabilidad extracontable del PP.

La cúpula de Interior y los altos mandos judiciales "sabían lo que estaban haciendo era delictivo, no para salvar al país, sabían que lo que estaban haciendo era para fines espurios, era para salvar al Gobierno", ha recalcado la letrada.

La familia Bárcenas pide 17 años y medio de cárcel para el exministro del Interior, su ex número dos, Francisco Martínez el excomisario José Manuel Villarejo y el resto de la cúpula policial y 11 años y medio de prisión para el exchófer Sergio Ríos.

La Abogacía del Estado también ve acreditada la operación ilegal

La Abogacía del Estado atribuye al exministro del Interior haber participado en la planificación, coordinación y seguimiento de una operación ejecutada con medios públicos, bajo una estructura opaca y paralela y "al margen de cualquier autoridad judicial" que bajo "directrices político operativas" buscaba localizar documentación de Bárcenas.

"El foco de esta operación no era perseguir delitos, sino controlar la información que pudiera tener Luis Bárcenas para una finalidad que era simplemente blindarse frente a terceros", ha recalcado la abogada del Estado, que se ha detenido además en las presión a la que se sometió al inspector que investigaba Gürtel, Manuel Morocho, que también considera acreditada.