Kontseilua plantea un pacto social para hacer frente a las sentencias contra el euskera

El Consejo de los Organismos Sociales del Euskara (Euskalgin-tzaren Kontseilua) propuso este viernes alcanzar un pacto político y social que implique un “salto adelante” en las políticas lingüísticas ante la “ola reaccionaria” que, según ha denunciado, suponen las sucesivas sentencias judiciales contra los requisitos lingüísticos establecidos por las administraciones de Euskadi, donde tanto el euskera como el castellano son lenguas oficiales.

Kontseilua aprobó este viernes, en un asamblea celebrada en Gasteiz, una declaración en la expresa su “preocupación” ante “la ola de sentencias recibidas desde los tribunales contra las medidas que tienen por objetivo la revitalización del euskara”. “A cada sentencia, nuestra preocupación va en aumento, puesto que cada vez queda más claro que se trata de una tendencia que va más allá de sentencias aisladas”, afirma, tras lo que enmarca estos pronunciamientos judiciales en una “ola reaccionaria”.

Este organismo afirma que “lo que está pasando es grave por muchas razones”. Una de ellas –según indica– es que los jueces “están haciendo, de facto, política lingüística, usurpando las funciones del poder legislativo y, en definitiva, pasando por encima de la voluntad de la ciudadanía”.

En este sentido, recuerda que la VII. Encuesta Sociolingüística indica que en la Comunidad Autónoma Vasca “tres de cada cuatro habitantes consideran que para trabajar en la administración hay que saber euskara”. “Estas sentencias están dejando sin efecto medidas que cuentan con un amplio consenso”, ha criticado.

DERECHOS “VULNERADOS”

Además, subraya que la consecuencia de todas estas sentencias es “la vulneración los derechos de miles de ciudadanos y ciudadanas” a los que “se les niega ser acogidos en la lengua en la que vertebran su vida –el euskara– en el espacio más importante para el ejercicio de la ciudadanía: la relación con la Administración”. Kontseilua advierte de que esta “negación” tiene un gran impacto “en muchos aspectos de la vida cotidiana” de esta parte de la población.

Asimismo –añade– se trata de una práctica que “vulnera los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración, al impedirles la posibilidad y el derecho a trabajar en euskara”.

Este órgano indica que “el hilo conductor” que une todas estas sentencias es “una falsa premisa” que “contrapone derechos laborales y derechos lingüísticos”. Kontseilua, por el contrario, considera que ambos tipos de derechos “se complementan” y no son “para nada contrapuestos”.

Esta entidad alerta de que la “tendencia” en la que se enmarcan estas sentencias “se está intensificando no solo en la Comunidad Autónoma Vasca, sino también en Nafarroa e Iparralde, así como en los ámbitos de las demás lenguas minorizadas presentes en los estados español y francés”. Ante esta situación, recuerda que desde Kontseilua ya se está trabajando en un protocolo para poner a disposición de la ciudadanía las herramientas necesarias “para dar una respuesta a los retrocesos judiciales en materia lingüística”.

Asimismo, afirma que “el camino más adecuado y eficaz” para responder a esta situación es “profundizar en consensos sociales y políticos, con el objetivo de construir un pacto político y social que haga frente a esta ola reaccionaria”. A juicio de esta entidad, el referido pacto político y social no solo ha de responder a “los recortes de derechos”, sino que debe suponer “un salto adelante” que recoja unas políticas lingüísticas “sólidas”, que permitan “responder a los retos que tiene actualmente la revitalización del euskara”.