Bermeo se convierte oficialmente en zona tensionada con límites al precio del alquiler

Bermeo es oficialmente desde este lunes zona de mercado residencial tensionado. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la orden emitida por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, por la que se declara formalmente la villa marinera bajo esta figura de protección y contención del mercado inmobiliario. La resolución da continuidad y resolución definitiva al procedimiento iniciado el pasado mes de marzo a petición del propio Ayuntamiento bermeotarra, en una iniciativa impulsada por el equipo de gobierno de EH Bildu y Guzan frente a la oposición del PNV, que cuestionó en su día la justificación y eficacia de la medida.

Con esta decisión, que tendrá una vigencia inicial de tres años prorrogables anualmente, Bermeo pasa a contar con herramientas administrativas directas para intervenir en los precios del arrendamiento y tratar de revertir el déficit de vivienda residencial a coste asequible. Según la memoria justificativa aprobada por el Departamento de Vivienda, el municipio cumple holgadamente los requisitos legales establecidos por la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda. En concreto, los informes técnicos definitivos certifican que el precio del alquiler en la localidad sufrió entre 2018 y 2023 un incremento acumulado del 20,2%, pasando de una media de 459,9 a 552,9 euros. Esta subida superó en casi cuatro puntos al IPC autonómico del periodo (16,5%), sobrepasando así el margen de tres puntos que exige la legislación como justificativo.

Una de las claves de mayor impacto aprobadas para la localidad vizcaina reside en la redefinición de la figura del gran tenedor. La orden del ejecutivo autonómico fija que en el ámbito de Bermeo se considerará gran tenedor a toda persona física o jurídica que sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial (o con una superficie construida superior a los 1.500 metros cuadrados). En el cómputo de estas propiedades quedan excluidos expresamente los garajes, los trasteros y las viviendas de titularidad pública. Con este ajuste se estrecha el cerco sobre la propiedad múltiple, reduciendo a la mitad el límite de diez pisos que regía con carácter general.

La entrada en vigor de la medida introduce además una estricta limitación en las rentas de los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda habitual. En los inmuebles que hayan estado alquilados en los últimos cinco años, el precio del nuevo contrato no podrá superar la última renta vigente ajustada con la cláusula de actualización anual, prohibiéndose asimismo la repercusión de nuevos gastos al inquilino. Únicamente se permitirán incrementos adicionales de hasta un 10% si se acreditan obras recientes de rehabilitación, mejoras del 30% en eficiencia energética, intervenciones de accesibilidad o la firma de contratos de larga duración (diez o más años).