Junts y PSOE siguen negociando en Bruselas: "No podemos dar un horizonte temporal"

El PSOE y Junts (JxCAT) continúan este martes en Bruselas las negociaciones sobre la ley de amnistía, en aras de lograr un acuerdo que permita la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque ninguna de las partes se aventuró a afirmar si hoy podrá llegar el pacto.

Junto al expresidente catalán Carles Puigdemont, siguieron hoy en la capital belga el secretario general de Junts, Jordi Turull; la presidenta de la formación, Laura Borràs, y el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet.

Mientras que el secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, permanece en el hotel Sofitel de Bruselas, donde llegó el domingo por la noche para tratar de cerrar el acuerdo de investidura tras el enfriamiento de las negociaciones, la semana pasada.

Los dos partidos siguieron analizando hoy las últimas propuestas y contrapropuestas que se han intercambiado en las últimas horas, según explicaron fuentes de la negociación.

"Las conversaciones no paran, salvo la pausa de anoche. No podemos dar un horizonte temporal", dijo una de las fuentes.

"No tengo ninguna previsión", dijo a EFE otra fuente conocedora del estado de las conversaciones, preguntada por si este martes puede haber acuerdo.

JxCAT quiere que la ley de amnistía incluya casos de "lawfare" que no están directamente vinculados al procés, pero que implican un "uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos", según ha denunciado Puigdemont.

En mitad de las negociaciones, el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional citó ayer como investigados a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa que instruye por terrorismo contra Tsunami Democràtic. Una decisión que va a recurrir la Fiscalía.

El Consejo General del Poder Judicial, con mayoría conservadora, aprobó también ayer una declaración institucional contra la ley de amnistía, por considerar que es una "medida de abolición del Estado de derecho".