El auto del Tribunal Supremo que procesa al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha ocasionado un nuevo terremoto en la ya de por sí revuelta política española. Un auto difícil de entender y que incluso los expertos jurídicos califican de "muy raro", en palabras del catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU, Juanjo Álvarez.
"El delito es un supuesto delito de revelación de de secretos, por lo tanto de faltar a la confidencialidad que corresponde ni más ni menos que a la persona encargada de defender la legalidad. Pero es que no hay ningún atisbo que motive la causa para estimar que tiene que sentarse en el banquillo, que se tiene que abrir juicio oral", explica.
"El instructor no juzga en el sentido de dictar una sentencia, sino que aprecia las circunstancias que han rodeado una investigación y decide si de la misma se infieren motivos suficientes como para que finalmente y con todas las garantías procesales, se le siente en el banquillo", prosigue. Algo que no ve este experto en ese auto. "No formula ni un argumento de motivación de dónde acredita la existencia de esas sospechas. Y la pregunta es si con meras sospechas puedes llevar adelante esto", destaca.
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¿Debe dimitir?
"¿Se puede acusar con indicios y sin pruebas?", se pregunta Juanjo Álvarez, "En el derecho nada es blanco ni negro pero hay una cosa muy clara", afirma. "La querella tiene un objetivo que se llama fiscalía general del Estado, pero que se llama Moncloa, también", matiza. De ahí que el catedrático insista en preguntar si este auto está suficientemente motivado.
Junto a esto, la pregunta del millón. ¿Debe dimitir García Ortiz o debe permanecer en el cargo? "La ley no dice nada. El planteamiento de que un cargo público imputado tiene que dimitir forma parte más de la dimensión de un código ético que de un código jurídico", explica. "Probablemente la ortodoxia conduciría a decir, sí, tiene que sacrificarse él como persona para proteger al cargo. Otros dirán que no porque el objetivo de la querella es precisamente bombardear la institución y a través de esa institución todo lo que rodea", añade. "No es fácil pero jurídicamente el auto es muy endeble", sentencia.
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En cualquier caso recuerda Juanjo Álvarez que esto lo hemos visto varias veces en política. Y pone como ejemplo lo ocurrido con quien era consejero del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi que tuvo que dimitir por una querella de UPN de la que fue absuelto sin que se pueda reparar ya el daño política infringido.
"En mi opinión, con un auto como este, probablemente sometería el criterio a otros compañeros fiscales, pero si me preguntas la opinión, si yo tuviera la creencia personal de que yo no cometí el delito, no dimitiría". afirma.
Implicación de Moncloa
Pero sin duda más allá del procesamiento del fiscal general, lo más impactante es que apunta directamente a Moncloa al afirmar que Ortiz cometió ese delito por "indicaciones de Presidencia". Para Juanjo Álvarez es la parte "más importante del auto".
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"Es un auto muy delicado con muchísimo impacto mediático, político, pero jurídicamente discutible", subraya. E insiste en que para apuntar a Moncloa "tienes que dar alguna mínima carga probatoria de cierta solidez". "Decirlo sin aportar pruebas es bastante irresponsable jurídicamente". "Tú puedes construir eso argumentalmente en un diálogo, en una tertulia, puedes debatirlo con tus compañeros, pero ponerlo en papel judicial...no puedes construir un relato por meras sospechas, tienes que fundamentarlo", insiste. "Debería de haberse dado la puntada con mucho más hilo", concluye.
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