El Gobierno japonés ha ejecutado este viernes en la horca a Sunao Takami, condenado por matar a cinco personas al incendiar en 2009 un salón de juegos de Osaka. Se trata de la primera ejecución desde la llegada al poder de la primera ministra Sanae Takaichi y también de la primera realizada en Japón en los últimos 14 meses.
El ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, ha anunciado la ejecución durante una rueda de prensa recogida por la agencia japonesa Kyodo y ha asegurado que la decisión fue adoptada "tras una consideración extremadamente cuidadosa y minuciosa".
Takami, de 58 años, roció con gasolina un establecimiento de "pachinko", un popular juego japonés con bolas de acero, antes de prenderle fuego. El incendio causó la muerte de cuatro clientes y un empleado y dejó heridas a una decena de personas.
La defensa sostuvo durante el proceso que Takami sufría "delirios derivados de una enfermedad mental". Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Osaka determinó que era mentalmente competente y penalmente responsable. La sentencia fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Osaka y el Tribunal Supremo.
Primera ejecución en 14 meses
La última ejecución en Japón se había producido en junio de 2025, cuando fue ahorcado Takahiro Shiraishi, de 34 años y conocido como el "asesino de Twitter".
Shiraishi había sido declarado culpable de asesinar y desmembrar a nueve personas y ocultar sus cuerpos en su vivienda de Zama, en la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes que habían expresado pensamientos suicidas en las redes sociales.
Rechazo de la UE, Noruega y Suiza
La Unión Europea, Noruega y Suiza han lamentado la ejecución mediante un comunicado conjunto en el que han reiterado su oposición a la pena capital "en todos los casos y en todas las circunstancias". "El uso de la pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y con el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", han señalado.
También han advertido de que la pena capital no actúa como elemento disuasorio, convierte los posibles errores judiciales en irreversibles e impide que la rehabilitación sea uno de los objetivos del sistema penal.
Los firmantes han pedido a las autoridades japonesas que adopten una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia su abolición y han reclamado una revisión "urgente y exhaustiva" de la pena de muerte dentro del sistema judicial del país. Asimismo, han instado a Tokio a promover un debate público amplio sobre la cuestión, sustentado en datos "objetivos e imparciales".