El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha declarado como acusado en el juicio de la Audiencia Nacional por el 'caso Lezo' que "jamás" intervino "en ninguno de los contratos" públicos del Canal de Isabel II vinculados a un campo de golf. González, que entonces era vicepresidente del Gobierno regional de la 'popular' Esperanza Aguirre, se ha desvinculado de dichas adjudicaciones al explicar que "los contratos los hace el consejo de administración" del Canal de Isabel II y ha asegurado que él "jamás" ha participado "en ninguna de las contrataciones" del ente público.
"Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie", ha aseverado González a preguntas del Ministerio Fiscal este miércoles durante el juicio.
El proyecto para las instalaciones en la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II fue modificado en 2004 por iniciativa de Aguirre, "que consideraba que no era lo más indicado que en el centro de la ciudad de Madrid hubiera un helipuerto", y creía "que era una oportunidad de hacer una gran instalación en un distrito que no tenía instalaciones deportivas", según ha relatado González.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a su llegada a la Audiencia Nacional.
Tras la modificación del proyecto, las obras fueron adjudicadas a la empresa Dragados, que subcontrató a TCT. "Jamás le he pedido a Dragados nada", ha aseverado González, que ha subrayado que tampoco ha hablado "jamás con ningún técnico" ni ha pedido "nada" a "nadie de la Comunidad Autónoma de Madrid, ni del Canal", ni "nada en favor de nadie".
Entrada de sus familiares en la empresa
El ex 'número dos' de Aguirre ha señalado que "nunca" tuvo conocimiento de TCT y ha asegurado que no tuvo "ningún conocimiento" de que esta compañía estuviera relacionada con su hermano, Pablo González, y su cuñado, Juan José Caballero, ambos también acusados en esta causa.
González ha explicado que la relación de sus familiares con la empresa "fue ya muy posterior a la adjudicación de todo este contrato", que entraron en TCT en el año 2008, "una vez que la sociedad no tenía relación" con el Canal de Isabel II.
Asimismo, ha asegurado que cuando "aparecieron algunas informaciones que decían que detrás de esa empresa había alguna relación" con su hermano y su cuñado, consultó al gerente del organismo público, que le señaló que no constaban sus familiares en "toda la documentación que se presenta y que se analiza".
El expresidente madrileño ha insistido en que "jamás" solicitó ni recibió "nada" y ha recalcado que los responsables de Dragados y de las obras declararon que no lo conocían.
Fiscalía solicita para todos los acusados, entre los que también se encuentra el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y José Antonio Clemente, socio de TCT, penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.