“El patrimonio histórico y arquitectónico de Hondarribia es una de las principales bases de identidad, historia y paisaje de nuestro municipio”. De esta forma empieza la moción que este jueves han presentado de manera conjunta los cuatro partidos de la Corporacion municipal de Hondarribia: Abotsanitz, PNV, EH Bildu y PSE”, en referencia a un posible derribo de las casas del entorno de Damarri, y que, como es evidente, se ha aprobado por unanimidad.
En ella, se refieren al decreto del departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de hace 25 años, y que junto a la futura aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana haría que las viviendas de Damarri 3, la Casa Atalaya y Mouriscot pasaran a ser “elementos discordantes”, algo similar a quedarse fuera de ordenación. El motivo esgrimido, explicaban los vecinos, era el Plan Director de la Muralla además del citado decreto, especificando que “enmascaran y degradan el conjunto amurallado”.
Poner en valor la muralla, pero defendiendo las viviendas
Tras remarcar el “gran valor histórico, cultural y social” de las murallas y sus áreas, el Consistorio en pleno ha aprobado una moción en la que “reconoce el valor histórico, arquitectónico y social de las viviendas del entorno de la muralla, y se compromete a estudiar las posibilidades e instrumentos jurídicos para su protección”.
Por ello, se va a iniciar “un proceso integral y participativo que tiene como objetivo principal el estudio y ejecución de las vías de protección legal y urbanística de estas viviendas”.
Además, esta moción compromete al Consistorio a “mantener un contacto y colaboración directo y permanente con los propietarios, vecinos y vecinas de las viviendas afectadas”, donde también hay locales comerciales. Entre ellos, uno propiedad del propio Ayuntamiento, adquirido el pasado año, y el Batzoki, propiedad del PNV. A lo largo de todo el proceso “se tendrá en cuenta las voces, necesidades y propuestas” de los habitantes.
Por otro lado, el Ayuntamiento indica que “iniciará las relaciones y gestiones oportunas tanto con el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, como con la Diputación Foral de Gipuzkoa”, tratando de “lograr el nivel institucional de protección de este ámbito analizando las diferentes alternativas posibles”.
Para ello, se “estudiará” y se “pondrá en marcha todos los instrumentos y procedimientos legales urbanísticos, patrimoniales y memoriales que puedan resultar adecuados para garantizar la protección integral de las viviendas”, además “de la zona del entorno de la muralla en colaboración con las instituciones competentes”.
"Esta casa no se tira"
La situación se conoció a principios de mes, tras el inicio de un movimiento vecinal. Los habitantes de estas viviendas afirmaron en aquel momento sentirse “maltratados”, máxime cuando en el anterior PGOU de 2017 no hubo problema para estos edificios.
Además de estas viviendas, hay otros inmuebles en la misma situación como el Colegio Egiluze Hijas de la Cruz. El único indulto en este momento sería para el Kasino Zaharra, de titularidad municipal y protegido por estar, señalan los vecinos en el Camino de Santiago. Cansados de la situación,colocaron pancartas en contra de los derribos, con el lema “esta casa no se tira”.
Más allá de la indignación familiar, y aunque se haya llegado a un acuerdo entre todas las formaciones, en septiembre esta situación provocó un cruce de acusaciones entre los distintos grupos políticos. Abotsanitz señaló que los decretos del Departamento de Patrimonio del Gobierno Vasco de 2000 y 2001 siguen vigentes, señalando la dirección del PNV en este área. Estos decretos, explican, "establecen que el Ayuntamiento debe impulsar, dentro de sus competencias, iniciativas encaminadas a la desaparición de determinados edificios situados en el entorno de la muralla”.
Siendo una autoridad superior, desde Abotsanitz, al frente del Consistorio, explicaron que “el Ayuntamiento no puede incorporar en su PGOU nada que los contradiga”. Además, apuntaban que “teniendo el PNV su batzoki en este mismo lugar, el partido no haya movido nada durante 25 años”.
"Falta de empatía"
El PNV, por su parte, señaló que el comunicado de Abotsanitz era “una irresponsabilidad y una muestra de falta de empatía con las familias afectadas”, aludiendo que “se han tenido tres años para dar respuesta a los problemas y se ha demostrado incapacidad para resolverlos”, señalando que para el Gobierno municipal “ante un problema o una dificultad, la culpa y la responsabilidad siempre es de otros. Y casi siempre, de EAJ-PNV”.
Recordaron, además, que en 2023 apoyaron “una iniciativa del PSE para proteger Mouriscot desde la perspectiva de la memoria histórica” que “el Gobierno municipal de Abotsanitz y EH Bildu votó en contra”.