Negó tajantemente el lunes el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que haya euskerafobia en la Administración de Justicia. Ni 24 horas después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulaba varios decretos de la ley que establece el equilibrio en el uso de las dos lenguas oficiales en las instituciones locales.

Lo hacía en respuesta a un recurso presentado por Vox, hecho que en sí mismo es más esclarecedor que el contenido de la propia decisión judicial. El mensaje demoledor es que una formación política residual tiene la facultad de echar abajo una norma que ha sido aprobada mayoritariamente en la cámara donde está representada la ciudadanía de los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Y sí, uno quiere creer en la separación de poderes y en la neutralidad de sus togadas señorías, pero empieza a ser más que una casualidad la reiteración en el sentido de las sentencias. Las cifras cantan. Desde 2020, los tribunales de las demarcaciones autonómica y foral suman, contando este último, 16 fallos claramente desfavorables al euskera. Ocho por comunidad. Con argumentaciones, en algunos casos difícilmente olvidables, que apelan a la dificultad de la lengua y, en general, con la misma doctrina: sacrificar el derecho de los administrados a ser atendidos en el idioma de su elección frente, como señalaba ayer el editorial de los diarios del Grupo Noticias, al acceso a la función pública. Un acceso, añado de mi cosecha, que parece sesgado hacia los aspirantes que solo tienen conocimiento del castellano.

¿Incurren los hechos descritos en euskerafobia? Ya he escrito alguna vez que el término me parece muy duro pero, a fuerza de repeticiones sucesivas de la misma coreografía, se me van acabando las interpretaciones alternativas. No generalizaré, pero sí parece verosímil que algunos jueces tengan poco aprecio por el euskera.