El Gobierno francés logrará adoptar este lunes los presupuestos 2026, tras superar las dos últimas mociones de censura, previsiblemente esta tarde.
Las cuentas públicas, adoptadas sin voto en el Parlamento por el primer ministro Sébastien Lecornu, mediante un dispositivo constitucional, prevén un déficit del 5 % del PIB, tras el 5,4 % de 2025, el límite que el Banco de Francia considera necesario para reducirlo al 3 % en 2029, cumpliendo así con los compromisos ante la Unión Europea (UE).
Para evitar la censura del Partido Socialista, Lecornu tuvo que asumir algunas de sus exigencias, modificando el proyecto inicial con más gasto social y mayor presión fiscal, sobre todo sobre las empresas.
Impuesto a los beneficios de las grandes empresas
El cambio más simbólico es que el impuesto excepcional a los beneficios de las grandes empresas, que inicialmente solo se aplicaría en 2025, se mantiene. El tipo será del 20,6 % para compañías que facturan entre 1.500 y 3.000 millones de euros y del 41,2 % para las que superen esa cifra. El umbral mínimo sube respecto al año pasado (antes 1.000 millones), afectando a unas 320 empresas, y la recaudación esperada será de 7.300 millones de euros, frente a los 7.500 previstos inicialmente.
En línea con las demandas socialistas, el Ejecutivo también prolonga un tipo impositivo mínimo del 20 % a los particulares con ingresos superiores a 250.000 euros, para evitar el uso de exenciones o mecanismos de optimización fiscal, mientras el déficit supere el 3 % del PIB.
Prestaciones sociales y ayudas a estudiantes
El Gobierno ha abandonado la congelación de las prestaciones sociales, que ahora se indexarán con la inflación. Además, se financiarán las comidas universitarias para que los estudiantes puedan pagar un euro por ellas. La prima de actividad para tres millones de hogares modestos se incrementa en unos 50 euros al mes de media, con un coste total de 700 millones de euros.
Lo que no se logró: impuestos a los superricos
Los socialistas no consiguieron imponer el llamado 'impuesto Zucman', que gravaría con un 2 % el patrimonio de los más ricos (fortunas superiores a 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes). Tampoco lograron generalizar el impuesto sobre el patrimonio a todos los bienes; seguirá aplicándose solo sobre propiedades inmobiliarias, no sobre activos financieros.
Sí se eleva el gravamen sobre las rentas de capital, con un mínimo del 18,6 %, gracias a la subida de 1,4 puntos de la Contribución Social Generalizada (CSG). En cuanto al impuesto sobre la renta, no se congela el baremo y se indexará con la inflación, prevista en un 0,9 %. Los presupuestos crean un mecanismo de exención fiscal para quienes alquilen viviendas durante al menos 9 años, con exenciones de hasta 12.000 euros anuales, siempre que las rentas sean limitadas y se beneficien personas con recursos modestos.