Euskera en la Administración pública: un derecho en busca de seguridad jurídica

Actualizado hace 1 minuto

La demanda del conocimiento de euskera, en diferentes grados, para acceder a determinados puestos de trabajo en la Administración pública, especialmente en lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca, ha venido siendo motivo de controversia en los últimos años. Frente al derecho reconocido por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre de normalización del uso del Euskera -texto consolidado en 2022-, cuyo artículo 6 reconoce “a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan”, desde diversas organizaciones sindicales y políticas se ha identificado la exigencia de un nivel de euskera en el ámbito del empleo público como una suerte de discriminación hacia aquellos castellanoparlantes que aspiran a trabajar como funcionarios ligados a instituciones municipales, forales o autonómicas de Euskadi. Ello ha derivado en un cúmulo de sentencias judiciales que han anulado procesos selectivos. Vistas desde muchos sectores como ataques euskarófobos, en cualquier caso han generado una inseguridad jurídica que, a su vez, ha provocado una respuesta política. Así, el pasado 25 de junio, el Parlamento Vasco aprobó una reforma de la Ley de Empleo Público que varía la fórmula para calcular el número de plazas que requerirían el conocimiento de euskera en cada administración. A partir de ahora, queda por ver si este movimiento sirve para blindar el bilingüismo real en las relaciones entre los organismos públicos y la ciudadanía que garantiza la ley frente a las interpretaciones restrictivas de la misma que se han venido sucediendo desde los tribunales.

La iniciativa impulsada por el PNV y validada por la abstención de EH Bildu -PSE-EE, PP, Sumar y Vox votaron en contra- elimina la aplicación automática del actual índice de preceptividad, que se calcula al sumar el porcentaje de euskaldunes y la mitad del de euskaldunes pasivos (cuasi-vascohablantes) existentes en el ámbito territorial de cada administración. El índice correspondiente fija cuántos puestos de trabajo deben tener asignado un perfil de euskera obligatorio. En su lugar, el texto legal modificado prevé que un futuro decreto establecerá las bases para que cada administración pública defina su propio porcentaje de puestos con perfil lingüístico preceptivo. Por tanto, serán los ayuntamientos, las diputaciones forales y el Gobierno Vasco los que lo deban determinar, sin fórmulas matemáticas pero teniendo en cuenta la realidad sociolingüística de sus respectivos ámbitos de actuación y las funciones inherentes al cargo al que corresponda el empleo ofertado.

Modelo de autorregulación

Hasta ahora, el índice de preceptividad aplicable a la globalidad del territorio de la CAV, en el caso de OPEs vinculadas al Gobierno Vasco, se establecía en el 52,85%. Desglosando por territorios históricos, en Gipuzkoa el porcentaje de empleos públicos que requieren conocimiento de euskera es del 66,22%, superior al 47,78% de Bizkaia y al 41,35% de Araba. Y a escala municipal, pueden oscilar entre el 95% de poblaciones netamente euskaldunes y rondando el 30% en localidades con menor presencia del euskera, como algunas de la Rioja Alavesa. Eso cambiará y desde el Gobierno Vasco creen que el futuro modelo de autorregulación de las necesidades lingüísticas en cada administración aportará una mayor robustez frente a las posibles actuaciones judiciales. En el caso de que no se alcancen los objetivos que se marque esta reforma, se impulsaría, en el plazo de tres años, una nueva modificación de la norma, en base al acuerdo que el PNV alcanzó con EH Bildu para que esta fuerza optara por la abstención y facilitara así su aprobación.

Desde Euskalgintzaren Kontseilua, a día de hoy ven la botella de la euskaldunización medio vacía. “Aunque los índices se establecieron en 1997, tres décadas más tarde casi un tercio de las administraciones no cumple con ellos”, indica Manex Mantxola, coordinador de la plataforma en favor de la normalización del euskera. No obstante, entiende que ahora estamos en puertas de una gran oportunidad de “dar un salto y transformar una Administración que sigue funcionando mayormente en castellano por otra capaz de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía”. La razón está en que “en los próximos años se jubilará una parte importante” de funcionarios coincidiendo con el desembarco en el mercado laboral de “la generación más euskaldun de las últimas décadas”.

Participantes en la Marcha Euskaltzale organizada el 13 de junio en Iruñea por Kontseilua. Iban Aguinaga

Pero esta transformación deberá sortear el “proceso de desoficialización” que, en opinión de Kontseilua, se está impulsando desde un poder judicial que “pretende frenar los avances en la normalización del euskera, sustrayendo las competencias sobre las políticas lingüísticas a los poderes legislativos y democráticos”. Esto se aprecia en una serie de fallos judiciales que tiene su punto de inflexión en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de 2021, ratificada en 2024, que declaraba nula la convocatoria del Ayuntamiento de Irun para cubrir 12 plazas de la Policía Municipal al considerar “discriminatorio” el requisito del conocimiento de euskera para todos los aspirantes. El índice de preceptividad concebido como mínimo “un juez decide reinterpretarlo y establecerlo como máximo, cambiando la jurisprudencia en vigor”. Como consecuencia, “tras esa sentencia, se ha ido consolidando esa nueva interpretación, más restrictiva con la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía”, dando herramientas a una “ofensiva judicial que, junto a un apoyo político y mediático, busca perpetuar el castellano por encima del euskera”, con otras derivadas como la suspensión, por parte de varios juzgados de Bilbao, de los ceros con que fueron calificados varios exámenes de euskera en las recientes Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Respecto a la reforma de la Ley de Empleo Público, si bien “responde a las sentencias que han reinterpretado el índice de obligado cumplimiento”, Mantxola considera que “ese es solo un parte del problema”. En su opinión, “es necesario pasar de una política de protección de minorías a una que busque la generalización del conocimiento de su uso, al mismo nivel que el castellano”. Por ello, valora “positivamente que los dos partidos políticos mayoritarios hayan alcanzado un acuerdo en materia lingüística” y confía en que suponga “un primer paso para dar ese salto necesario” que reclama Kontseilua.

Nafarroa, zonificada

En Nafarroa, la situación es distinta. La división por criterios lingüísticos del territorio en tres zonas -vascófona, mixta y no vascófona- condiciona totalmente la presencia del euskera en las relaciones entre administración y administrados. De ese modo, un euskaldun residente en Tutera no goza del mismo derecho a ser atendido en los organismos públicos en la lingua navarrorum que otro que viva en Lesaka. En este sentido, la valoración del conocimiento de euskera en el ingreso o provisión de los puestos de trabajo que determina el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, también varía en virtud de la latitud geográfica. Así, su calificación como mérito en la zona vascófona oscila entre el 23% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos en el caso de un ingreso por concurso-oposición y el 20% si se trata de un concurso de méritos. Estos porcentajes bajan al 14% y el 12% como topes máximos, respectivamente, en la zona mixta -donde se ubica Iruñea- y al 7% y al 6% en la no vascófona.

Mantxola lamenta que “con la actual normativa en Nafarroa, no están garantizados los derechos lingüísticos de la ciudadanía” en ninguna de las zonas. “A las personas que viven en la zona vascófona se les obliga a comunicarse en castellano con los servicios centrales de Iruñea, donde el euskera no es oficial pese a que la mayoría de los euskaldunes del territorio residen en la capital”, recuerda. Y hace hincapié en que “es una situación excepcional a nivel internacional”, denunciada en las evaluaciones de la Carta Europea de las Lenguas realizadas por el Consejo Europeo.

Lengua propia

No obstante, se vislumbran movimientos también en Nafarroa, aunque habrá que ver qué calado acaban teniendo. Hace apenas una semana, la presidenta de la Comunidad, María Chivite, planteaba la propuesta de reformar el artículo 9 de la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral, para dar el euskera carácter de “lengua propia”, reemplazando su calificación como “lengua oficial en las zonas vascoparlantes”. Un gesto que, aseguraba, quiere plasmar, de formar práctica, en una apuesta por “euskaldunizar” más la administración, “sobre todo en la atención directa al público”, y hacerlo además “incluso fuera de las zonas vascófonas”. Konstseilua ve la disposición de Chivite como algo “positivo”, pero demanda “medidas concretas más allá de las declaraciones destinadas a la prensa”. 

Y es que prevalecen las dudas sobre que el reforzamiento de la euskaldunización pueda lograrse manteniendo una zonificación lingüística que Chivite no está dispuesta a tocar ni un ápice amparándose en una supuesta “desigualdad de oportunidades”. Una visión contrapuesta a la de Kontseilua que, frente a esa partición establecida en 1986 por la Ley del Vascuence, defiende la oficialidad del euskera en toda Nafarroa “como una condición mínima e indispensable para la igualdad, la justicia y la cohesión social”. Para Mantxola no es algo utópico: “Solo hace falta voluntad política. La mayoría social lo entendería. Esto va de igualdad de derechos, de crear un futuro compartido”.