Euskadi recibirá del Estado el 50% del gasto total en dependencia a partir de 2027

Actualizado hace 5 minutos

En un momento clave por el reto demográfico que supone en Euskadi el envejecimiento de la población y las necesidades asistenciales y de cuidado asociadas al mismo, el Gobierno Vasco ha conseguido cerrar hoy un acuerdo con el ejecutivo central según el cual, a partir del 1 de enero de 2027, el Estado español cubrirá el 50% del gasto total en el sistema de atención a la dependencia en la CAV.

"Se trata de uno de los procesos más complejos de los últimos años", por las "implicaciones políticas, económicas y sociales" que ello conlleva. Así lo ha afirmado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ante la Comisión de Hacienda y Finanzas del Parlamento Vasco, donde ha comparecido este viernes para informar de los acuerdos alcanzados en la última Comisión Mixta del Concierto Económico en su reunión del 25 de marzo, y presentar la Estrategia de difusión, socialización e internacionalización de este instrumento clave del autogobierno vasco.

El pasado marzo, la Comisión Mixta analizó los trabajos técnicos realizados entre la Administración General del Estado y las instituciones vascas para desarrollar la metodología de financiación complementaria del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD). El consejero ha explicado que, en este sentido se asumió "un compromiso claro", consistente en fijar un plazo máximo para cerrar definitivamente esta metodología. De esa forma, ha indicado que se ha establecido el objetivo de que Euskadi pueda disponer del acuerdo antes de la celebración del próximo Consejo Vasco de Finanzas Públicas en octubre, "garantizando además que, en todo caso, la financiación estatal alcance el 50% del gasto en dependencia en Euskadi en 2027".

Modelo de cofinanciación

Las negociaciones de ambos ejecutivos en torno a este compromiso de financiación por parte del Ejecutivo central empezaron a tomar forma en abril del año pasado. Así, el principio del acuerdo se fundamenta en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la ley de dependencia española, impulsada en 2006 por el gobierno de Zapatero.

Su relación con las comunidades autónomas se basó en un modelo de cogestión y cofinanciación al 50%, lo cual cual generó entonces fuertes tensiones políticas debido a la infrafinanciación y los desequilibrios territoriales. Posteriormente, y tras los recortes derivados de la crisis de 2008 y los siguientes gobiernos, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Estado no tiene la obligación legal de financiar el 50% del coste total del sistema de dependencia.

Euskadi, a la cabeza en inversión

La ley de dependencia española determina cómo deben las comunidades y el Estado financiar el sistema de atención a las personas dependientes. La norma marca que ambas administraciones deben participar en la financiación en función de tres niveles de protección. El mínimo, donde el coste lo asume íntegramente la Administración General del Estado, el acordado entre el Estado y las comunidades y un nivel adicional de protección, que es voluntario por parte de las comunidades y va con cargo a su presupuesto.

En Euskadi, la ley de dependencia vasca de 2006 surgió como respuesta al reto de atender las necesidades de aquellas personas, que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor integración y poder ejercer plenamente sus derechos. La normativa base, aunque de carácter estatal, tiene transferida su gestión a las diputaciones vascas y garantiza, en coordinación con la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, el derecho a recibir servicios y prestaciones económicas.