Actualizado hace 3 minutos
El Gobierno Vasco ha escenificado un nuevo choque con el Ministerio de Sanidad por la financiación de la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha justificado este viernes el voto en contra de Euskadi al pago de una nueva liquidación de 51 millones de euros al Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), al considerar que el actual sistema adolece de una "insuficiente" seguridad jurídica y sigue funcionando sin el desarrollo normativo comprometido por el Gobierno español.
Martínez ha insistido en que la posición de Euskadi "ha sido firme y coherente desde el principio" y que no responde a una discrepancia puntual, sino a la necesidad de que estos mecanismos se sustenten sobre "reglas claras, respaldo normativo suficiente y criterios homogéneos para todos los territorios". "No se trata de una discrepancia coyuntural, sino de garantizar seguridad jurídica y equidad", ha subrayado.
Seguridad jurídica
El voto en contra emitido en el Consejo Interterritorial se alinea con la postura defendida por el Ejecutivo Vasco desde el principio de la legislatura que reivindica la necesidad de revisar la norma estatal.
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad en octubre de 2025, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, calificó de "vital importancia” el desarrollo normativo del FCS y del FOGA, una vez equilibrados los saldos entre comunidades, en línea con una demanda reiterada por las comunidades, entre ellas Euskadi, ante el extraordinario desequilibrio existente.
Por otra parte, Padilla también manifestó el compromiso del Ministerio para avanzar en una regulación que permitiese una mayor equidad y cohesión del sistema. Con todo, fuentes del Gobierno Vasco han recordado que las comunidades continúan asumiendo determinadas prestaciones que no quedan "adecuadamente compensadas" con el marco normativo actual.
Desequilibrio en la financiación
Según el Ejecutivo Vasco, ese desequilibrio se refleja en que Euskadi ha abonado un total 169 millones de euros al Sistema de Información de Cohesión entre 2012 y 2022, cuando se trata de una comunidad que cuenta con el 5% del conjunto de la población en el Estado.
Un fuerte desequilibrio para el Departamento de Salud que estima que la CAV ha llegado a aportar cerca del 60% del total, superando incluso la factura abonada por la suma de trece comunidades. "De ahí, el voto en contra a esta factura adicional de 51 millones, por considerarla desproporcionada", han aseverado.
Argumentos del Gobierno Vasco para votar en contra:
- Falta de debate y de avance reformador. El asunto no se abordó previamente en la reunión preparatoria del 3 de julio, pese a las demandas planteadas desde el Consejo Interterritorial celebrado en Zaragoza en octubre de 2025. Además, sigue sin constituirse el grupo de trabajo acordado en 2025 para estudiar una reforma normativa de los fondos.
- Inseguridad jurídica del sistema actual. Las sucesivas modificaciones introducidas a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han alterado la naturaleza inicial del FCS, desplazando aspectos esenciales de su regulación a disposiciones presupuestarias y generando un sistema complejo, con saldos acumulados y una notable incertidumbre sobre su funcionamiento y liquidación.
- Ausencia de desarrollo reglamentario del FOGA. Desde la entrada en vigor del Real Decreto‑ley 16/2012, no se ha aprobado el desarrollo reglamentario previsto para determinar los importes a liquidar a través del FOGA, de modo que las liquidaciones se realizan conforme a criterios de órganos de seguimiento y coordinación sin regulación específica.
- Riesgo de extralimitación competencial. Determinados órganos administrativos se habrían arrogado funciones que podrían exceder sus competencias, otorgando efectos jurídicos a acuerdos o actas sin cobertura legal suficiente, lo que compromete la transparencia, la estabilidad y la seguridad jurídica del sistema.
- Perpetuación de un régimen transitorio. El mecanismo de compensación vigente, previsto como temporal, se ha consolidado de facto como permanente debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide una revisión integral del modelo y mantiene sus deficiencias estructurales.
De transitorio a perpetuado en el tiempo
"Estamos ante un procedimiento que nació como algo transitorio y que, por la vía de la inercia, se ha convertido en el mecanismo ordinario de liquidación”, ha valorado Martínez.
La revisión a fondo del sistema de compensación interterritorial en materia sanitaria ha sido una reivindicación constante de Euskadi desde el inicio de la actual legislatura. Ya en el Consejo Interterritorial celebrado en Zaragoza en octubre de 2025, el consejero expuso la necesidad de impulsar una reforma profunda, advirtiendo de las carencias existentes y reclamando una regulación "más sólida, transparente y estable" para todas las comunidades autónomas.
“No se han corregido las carencias señaladas y se nos pide que aceptemos liquidaciones sobre una base jurídica que seguimos considerando insuficiente”, ha afeado, de nuevo, este viernes al Ministerio. Martínez también ha considerado especialmente significativo que la Comunidad de Madrid se haya sumado a esta reivindicación. "Refuerza que nuestra posición no responde a un interés particular, sino a la defensa de un sistema justo y correctamente regulado para todos”, ha concluido.
Noticias Relacionadas
Sanidad convoca un nuevo Consejo Interterritorial para desbloquear el Estatuto Marco
Un expolicía admite reuniones con Leire Díez sobre los ERE y dice que ella presumía de ir enviada por altas esferas
Viviendas aisladas y una orografía escarpada en la 'zona cero' del incendio de Almería
La Policía británica investiga al partido de Farage por una donación de 586.000 euros
La Abogacía reclama agilizar los trámites de extranjería
Euskadi activa la alerta naranja por calor extremo este fin de semana
Torres acusa a Feijóo de ser "un peligro para la clase trabajadora" por sus palabras sobre el absentismo
