El PNV ha bregado durante décadas con los sucesivos gobiernos españoles, del PP o del PSOE, para tener una presencia propia en los órganos europeos e internacionales donde se toman decisiones que afectan a las competencias vascas. Uno de ellos es el Ecofin, el consejo que reúne a los ministros de Hacienda de la Unión Europea, y donde la presencia de las instituciones vascas está justificada desde el punto de vista legal por su autogobierno fiscal, por el sistema de Concierto Económico que les permite regular y recaudar sus propios impuestos. En 2011, tras un pacto con el PSOE, recogió los primeros frutos de esta presión política, y consiguió dar un primer paso: que las diputaciones forales pudieran acudir a los grupos de trabajo del Ecofin, las reuniones que llevan a cabo los técnicos y expertos entre bambalinas para preparar los documentos que se elevan después al pleno del órgano, un pleno donde únicamente están representados los estados a través de sus ministros. La representación en los grupos de trabajo ha tenido un perfil muy técnico hasta la fecha, en consonancia con el nivel de presencia que se le había reconocido a la parte vasca: la ocupaba un experto cada vez, y Bizkaia, Gipuzkoa y Araba se lo iban turnando. El estreno lo protagonizó el vizcaino José Gabriel Rubí en 2011, en el grupo D5 sobre el código de conducta de la fiscalidad empresarial. Pero este miércoles, tras los acuerdos alcanzados por el consejero Noël d'Anjou en la Comisión Mixta del Concierto, las instituciones vascas han participado por primera vez en Bruselas en el llamado "grupo de alto nivel" del Ecofin, que es más especializado y reúne a altos cargos (no técnicos o funcionarios) de los estados miembros.
Además, no se trata de una mera presencia en calidad de oyente para tomar notas, sino que se trata de una "participación" como tal, estructurada y no coyuntural, según las fuentes consultadas. En la reunión ha tomado parte un alto cargo del Gobierno de Pradales. Ha sido Javier García Ross, asesor para fiscalidad internacional del departamento de Hacienda y Finanzas y coordinador de la Comisión de Fiscalidad Internacional de Euskadi, que es, a su vez, el órgano que se ha creado para que las diputaciones y el Gobierno Vasco gestionen y acuerden cómo se articula esta presencia en el mundo. Esta comisión está incardinada en el Órgano de Coordinación Tributaria. Desde el Congreso, la portavoz jeltzale en materia económica, Idoia Sagastizabal, celebró que se haya cumplido uno de los puntos del acuerdo de investidura con el presidente español, Pedro Sánchez (es el punto 6.2 sobre la presencia en Europa en virtud del Concierto Económico). "Se reconoce el autogobierno fiscal en la Unión Europea, y nos permite tener voz en cuestiones que se convierten en normas de obligado cumplimiento en el Estado", puso en valor.
Esta participación en los grupos de alto nivel, en la fase de elaboración de las normas, permite a Euskadi poner una antena en Europa y conocer de primera mano qué medidas fiscales se están debatiendo sobre las grandes multinacionales y las empresas digitales, posibles umbrales mínimos o dinámicas de colaboración para el intercambio de datos entre los gobiernos. Estos debates suelen materializarse después en una serie de directivas que acaban aterrizando en los estados miembros para que las apliquen, lo que condiciona la fiscalidad vasca. El Gobierno de Pradales explicó en una nota que las instituciones vascas "han participado por primera vez en una reunión del grupo de alto nivel sobre fiscalidad del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin), dando así un paso histórico en la presencia internacional de Euskadi en los ámbitos donde se debaten y acuerdan las principales políticas e iniciativas en materia tributaria europea". Esta participación se acordó en la Comisión Mixta del Concierto Económico en noviembre de 2024 y abril de 2025.
En la reunión, según la misma nota, se han abordado las "propuestas de simplificación de las obligaciones tributarias impulsadas por la Comisión Europea, incluyendo la modernización de la Directiva de Cooperación Administrativa (DAC) y la denominada Directiva Ómnibus Fiscal, orientadas a reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad de la economía europea". También se han analizado acuerdos en materias como el marco BEPS, que pretende evitar la evasión de impuestos de las grandes empresas hacia países con una tributación muy baja. Se han abordado "la evolución de los acuerdos sobre tributación de la economía digital y de los grupos multinacionales; el seguimiento de los trabajos desarrollados en la ONU en la Convención de Cooperación Internacional en materia de impuestos y en el marco inclusivo BEPS del G20/OCDE, así como otras iniciativas legislativas europeas que, no siendo propiamente tributarias, también tienen incidencia en el ámbito fiscal".
El Concierto Económico, la "piedra angular del autogobierno"
En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el consejero d'Anjou celebró que Euskadi haya participado "en un grupo de alto nivel del Ecofin con capacidad de decisión en materia fiscal". "Es un paso muy importante porque nos permite estar presentes donde se están decidiendo iniciativas que afectan directamente a competencias tributarias de las instituciones forales. Los acuerdos en la Comisión Mixta han permitido reforzar la presencia vasca en las instituciones internacionales. El Concierto Económico es la piedra angular de nuestro autogobierno, el instrumento que permite a Euskadi tener sus propios recursos y defender sus intereses en Europa. No se trata solo de estar presentes: se trata de poder trasladar nuestra visión, anticipar los cambios regulatorios y defender un modelo institucional que ha demostrado ser eficaz y estar integrado en Europa. Ganamos presencia internacional pero, sobre todo, fortalecemos nuestro autogobierno y la capacidad de Euskadi para participar allí donde se deciden cuestiones que afectan a nuestro autogobierno fiscal", destacó. El Gobierno Vasco seguirá negociando para lograr una participación mayor.
D'Anjou no pudo acudir a Bruselas porque tenía prevista una comparecencia en la comisión del Parlamento Vasco para explicar los acuerdos firmados en julio en la Comisión del Concierto sobre la financiación de la dependencia, para que el Estado contribuya con el 50% en 2027 al margen de la evolución futura de las aportaciones estatales y sin estar sujeto a las decisiones "unilaterales" que pueda tomar España. El coste de la dependencia este año ascenderá a 768,3 millones de euros, de los cuales el Estado asumirá el 36,5%, 280,4 millones. El año que viene, se estima que asumirá 407,2 millones. Se calcula que subirá unos 250 millones al año.