Estrasburgo condena al Estado por mala praxis que dejó impune una doble violación en Pamplona

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no haber llevado a cabo una investigación "eficaz" en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química en 2016 en Pamplona y cuyas pruebas fueron pérdidas o manipuladas mientras se encontraban bajo custodia policial.

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Solo un 10% o un 20% de las agresiones sexuales con sumisión química se denuncia

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En su sentencia por unanimidad, publicada este martes, los jueces europeos establecen que en este caso se ha producido una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, así como el artículo 8, que garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Sentencia histórica

La sentencia recoge que se ha violado los derechos de las víctimas porque "las autoridades no llevaron a cabo una investigación efectiva de las denuncias de agresión sexual con sumisión química de los solicitantes, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales mientras se encontraban bajo custodia policial, las garantías insuficientes de independencia de la investigación y la respuesta manifiestamente inadecuada a estas fallas de la investigación".

Y, por consiguiente, ordena indemnizar a las mujeres con 45.000 euros. 

Violación por sumisión química en 2016

Los hechos que tuvieron lugar en Pamplona, se remontan a diciembre de 2016, solo cuatro meses después de que se hubiera producido la violación de La Manada en Sanfermines. Dos mujeres, vecinas de Pamplona, denunciaron que su último recuerdo pasaba por encontrarse en un bar del casco viejo pamplonés a las 2:00 horas de la madrugada. Diez horas después se despertaron en un piso desconocido, totalmente desnudas y en presencia de dos hombres. Presentaban síntomas de aturdimiento, una de ellas tenía moratones en el cuello, y ambas coincidían en la sensación de haber sido sometidas a relaciones sexuales no consentidas. 

Días después una de ellas tuvo que acudir al servicio de urgencias aquejada de dolores, por lo que el servicio médico activó el protocolo de agresiones sexuales al hallar indicios de que podían haber sufrido una violación con el uso de sustancia química que anulara su voluntad.

Uno de los detenidos, familiar de un policía

Tras llegar el protocolo médico a la Policía Nacional en Pamplona, se detuvo a dos hombres y por puro azar, al detener a uno de ellos, se descubrió que era cuñado de un policía que prestaba servicios en la misma unidad policial que llevaba la investigación. Los jefes policiales manifestaron que jamás habían presenciado una detención por un delito tan grave en el que los arrestados se mantuvieran con tal calma, "parecía que nos estuvieran esperando", llegaron a declarar en el juzgado sobre la actitud de los investigados, de lo que se deducía, sospecha luego agravada por multitud de indicios más, que dicho policía nacional les podía haber preavisado de que les iban a detener.

Policía absuelto

El detenido que era cuñado del policía resultó absuelto por la Audiencia en el único juicio celebrado por esta causa. Ahora el TEDH considera que "dicha relación familiar con uno de los investigados no cumplía con el estándar de independencia suficiente exigido por el Convenio. Dicha relación podía comprometer tanto el desarrollo de la investigación como su eficacia para esclarecer los hechos. En circunstancias tan delicadas, el agente debería haberse retirado de la investigación por voluntad propia en lugar de esperar a que un colega revelara su relación familiar con un sospechoso.

Pérdida de pruebas

Además, a lo largo de la investigación se produjeron manifiestas anormalidades en la investigación policial-judicial, ya que desaparecieron de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Pamplona numerosas pruebas.

No se pudo encontrar el informe pericial sobre el contenido del teléfono móvil del detenido cuñado del policía. En la comisaría se borraron archivos y datos claves como las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad en el interior del bar donde las mujeres, acompañadas de tres individuos, los dos acusados y un tercero que era policía foral, habían perdido toda consciencia de lo que sucedía a su alrededor.

El TEDH "observa que la reacción de las autoridades nacionales ante la pérdida de pruebas no parece suficientemente rigurosa. Parece que la desaparición del material no se reveló con prontitud y que los solicitantes recibieron explicaciones inexactas durante varios meses. Las investigaciones sobre la posible mala conducta policial se iniciaron solo después de un lapso considerable, varios años después de que los objetos se hubieran perdido o destruido. Esta demora contradice el requisito de que las investigaciones sobre la presunta mala conducta se realicen con prontitud y razonable celeridad".