Elkarrekin Podemos ha reclamado en el Ayuntamiento de Mutriku la suspensión y declaración de nulidad del procedimiento de reparcelación de Azkiaga al considerar que detrás de este desarrollo urbanístico se esconde lo que define como un "pelotazo urbanístico".
42 viviendas libres
Miren Echeveste, portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales, señaló que el proyecto vulnera la legislación vasca en materia de suelo y vivienda, al prever la construcción de alrededor de 42 viviendas, todas ellas ajenas a cualquier régimen de protección pública, extremo en el que coincide con Mutriku Natur Taldea, asociación con la que mantuvo un encuentro en la localidad costera.
«La Ley del Suelo del País Vasco y las recientes normativas de medidas urgentes establecen porcentajes obligatorios mínimos que deben destinarse a viviendas de protección pública en las nuevas áreas de desarrollo urbanístico. Omitir esta catalogación en la reparcelación del ámbito vulnera el mandato legal de garantizar el acceso a una vivienda digna para la ciudadanía», manifestó Echeveste, tras poner el foco en la alcaldesa de la localidad, Ainhitze Azpiazu, a la que señaló como responsable de la situación.
Ley Madrazo
Afirmó también que, el procedimiento de reparcelación no puede ampararse en el régimen legal vigente en el tiempo en el que se aprobó el proyecto inicial, en 2008, meses antes de la aprobación de la conocida como Ley Madrazo.
En aquel tiempo, la legislación posibilitaba el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas libres en exclusiva, sin atender a otras figuras de vivienda de protección oficial “sin embargo, al haberse aprobado el procedimiento de reparcelación con la Ley del Suelo en vigor, el planeamiento debe respetar los mandatos imperativos y los porcentajes mínimos de VPO que la ley exige para nuevos desarrollos o reformas urbanas”, indicaronn desde Elkarrekin Podemos.
Arquitecto municipal
Otros argumentos para mostrar su rechazo al proyecto son las irregularidades administrativas. En concreto, alude a la ausencia absoluta de firma y de informes técnicos emitidos por un arquitecto que ostente la condición de funcionario público.
«La falta de este control funcionarial preceptivo genera la nulidad de pleno derecho del planeamiento de origen, lo que arrastra inevitablemente la invalidez de la reparcelación aprobada inicialmente», señaló Echeveste en la presentación de la alegación.
Secretaría, Intervención y Tesorería
Alegó también la carencia legal del personal habilitado nacional, en concreto en la Secretaría General, así como la ausencia de Intervención y Tesorería.
«El Ayuntamiento carecía de un secretario municipal con la titulación y categoría adecuadas a la clasificación del municipio, lo que afecta a la fe pública de los actos adoptados. Por otro lado, la ausencia de Intervención y Tesorería y la falta de fiscalización económica y de control de los compromisos financieros derivados de la nueva urbanización por parte de funcionarios habilitados nacionales vician el procedimiento de raíz», expone Echeveste en el escrito de alegaciones.
Razones éticas
Finalmente, Miren Echeveste, en su condición de portavoz de Elkarrekin Podemos en la Juntas Generales, indicó que el procedimiento urbanístico a Azkiaga carece de toda ética, en plena emergencia habitacional y con los precios de la vivienda en Euskadi en máximos históricos, además de privar a la localidad de un refugio climático en pleno corazón de la localidad, ante la posibilidad de habilitar en él un gran parque.