El umbral para acceder a un alquiler protegido se duplica y supera los 46.000 euros

Actualizado hace 4 minutos

El Gobierno Vasco ha más que duplicado el umbral máximo de ingresos de las personas que pueden acceder a una vivienda en alquiler protegido del programa Bizigune, al pasar de los 21.100 euros actuales a 46.463.

Esta es una de las medidas que se recogen en el decreto que este martes va a aprobar el Consejo del Gobierno Vasco de modificación urgente de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda.

Este decreto modificará doce normativas en vigor para adaptar las políticas públicas de vivienda a la nueva realidad del mercado, ampliar coberturas, flexibilizar instrumentos y ofrecer "respuestas más rápidas y eficaces a quienes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna", ha explicado este lunes el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Aumenta el canon para los propietarios

Además de incrementar el umbral de ingresos, el decreto incrementa el canon que perciben los propietarios de las viviendas que ponen en manos del Gobierno para su alquiler protegido hasta el 80 % del valor del mercado, con un máximo de 700 euros mensuales (ahora son 650).

En los municipios declarados zona tensionada el canon podrá alcanzar el 95 % del precio medio establecido en la estadística oficial del Gobierno Vasco.

En la actualidad, el Ejecutivo gestiona a través de Alokabide unas 7.500 viviendas del programa Bizigune y el objetivo es llegar a las 9.500 aunque el consejero ha advertido de la dificultad para incrementar este parque de viviendas ya que cada vez es más escaso el volumen de casas vacías en Euskadi.

Alquiler para jóvenes

Además, el decreto actualiza de manera significativa las condiciones de acceso a las ayudas al alquiler para jóvenes del programa Gaztelagun. Las rentas máximas subvencionables aumentan hasta los 900 euros en las tres capitales, ahora son 800, y a 800 euros en las áreas metropolitanas de Bilbao y San Sebastián y en los municipios de más de 10.000 habitantes, y 750 euros en el resto.

En los municipios declarados zona tensionada, esos límites podrán elevarse hasta el 95 % del precio medio.

Los ingresos máximos para optar a esta ayuda se amplían hasta los 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 euros para unidades convivenciales formadas por dos personas y 39.184 euros para familias numerosas.

Como novedad, el programa incorpora que serán subvencionables el subarriendo y el alquiler de habitaciones, con un límite de dos ayudas por vivienda compartida, siempre que cada unidad convivencial disponga de su propio contrato, ha advertido Itxaso.

Otra medida recogida en el decreto es la actualización de los cupos de adjudicación de vivienda protegida en alquiler. Podrá reservarse hasta el 50 % de las viviendas no adaptadas para las personas menores de 36 años.

Se incluye un nuevo requisito de arraigo para acceder a los procedimientos de adjudicación en arrendamiento, ya que será necesario acreditar un mínimo de tres años de empadronamiento en Euskadi, en el municipio de elección. En la actualidad el plazo mínimo es de un año.

El decreto mejora el alcance del derecho subjetivo a la vivienda, ya que eleva en mil euros los umbrales de ingresos para su acceso de modo que podrán acogerse quienes no superen los 14.000 euros anuales en unidades de un miembro, los 18.000 en unidades de dos y los 20.000 en unidades de tres o más miembros.

Redensificación urbana

Otra novedad es las medidas para la redensificación y regeneración urbana que facilitará la reconversión, total o parcial, en vivienda de edificios de uso industrial o terciario y de las lonjas de planta baja en edificios residenciales. El Gobierno estima que de estos últimos locales podría haber en Euskadi unos 7.500 que podrían acogerse a esta medida.

Básicamente se trata de flexibilizar determinadas exigencias técnicas para permitir esta transformación, como que tengan dos orientaciones o la exigencia de determinados requisitos en la distribución interna de los habitáculos.

La aprobación de este decreto va a ir acompañada de nuevas autorizaciones de gasto para sostener las ayudas y prestaciones del sistema público de vivienda, con una partida de 106 millones de euros. De ellos, casi 40 irán para subvenciones a la rehabilitación, casi 36 al fomento del alquiler y otros 22 al programa Gaztelagun.