El lunes habrá autobús escolar

El lunes habrá autobuses escolares. Este es el gran titular y, a la vez, la buena noticia para las cerca de 8.000 familias de Bizkaia y Araba que se han visto afectadas por el plante del sector del transporte escolar en la red pública. El trabajo discreto realizado los últimos días por el Departamento de Educación ha logrado encauzar, a corto plazo, un conflicto que amenazaba con dilatarse de haber enfilado la vía judicial, como así apuntaba. No obstante, el problema de fondo –las condiciones contractuales del concurso público– sigue latente, pero el Gobierno vasco ha decidido atajarlo abriendo una negociación del contrato para que el curso que viene no vuelva a repetirse un problema que el curso pasado se desactivó la víspera misma de la vuelta al cole.

En resumen, la foto de situación es que las empresas de autobuses que, tras una subida de un 31% de las tarifas en dos años, se han negado a prestar el servicio y han incumplido la Orden de ejecución forzosa para restablecer el servicio dictada por el consejero Jokin Bildarratz, volverán al tajo el lunes. Y lo harán bajo las mismas condiciones económicas y contractuales –régimen sancionador y autobuses y personal de guardia incluidos– que les han llevado a dejar desiertas el 100% de las rutas escolares de Bizkaia y el 95% de las de Araba. Como contraprestación han logrado que el Departamento de Educación vuelva a licitar las rutas para este curso en los mismos términos que han rechazado pero el compromiso de negociar mejores condiciones de cara ya al curso que viene.

DAMNIFICADOS

Eso sí, por el camino en esta vuelta al cole tan atípica se han quedado miles de familias colgadas, la apertura de un expediente sancionador por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), el anuncio de denuncia ante la Fiscalía por la creación de un supuesto cártel del mercado para inflar los precios o las consecuencias patrimoniales que se podrían haber derivado de la actitud insumisa desplegada por parte del sector a la Orden de Educación que las obligaba cubrir las rutas. Atrás han quedado también las quejas de los centros, los quebraderos de cabeza de muchos aitas y amas, las críticas de la oposición, la petición de explicaciones a Bildarratz en sede parlamentaria o la intervención del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, recordando que los recursos públicos son finitos.

Tras el acuerdo alcanzado entre las partes hecho público, todo esto parece haber quedado atrás. Al menos, este curso. Así, las compañías de transporte escolar reanudarán mañana todos los recorridos después de que el Departamento de Educación y las asociaciones que representan a las empresas hayan acordado “retomar el diálogo para analizar y plantear propuestas de mejora de cara al futuro”. Según ha informado el Gobierno vasco, Educación iniciará además próximamente un nuevo proceso de licitación de las rutas que han quedado desiertas, con el objetivo de dotar para al curso 2024-2025 de “la máxima estabilidad posible a un servicio fundamental para miles de alumnos y alumnas”.

NUEVO CONCURSO

De este modo, Educación y las asociaciones que representan a las empresas de transporte escolar afectadas por la Orden del 1 de septiembre para garantizar el servicio han acordado retomar el diálogo para analizar y plantear propuestas de mejora de cara al futuro. Fruto de dicho acercamiento, las empresas reanudarán su servicio a partir del lunes 18 de septiembre, después de que el mismo no haya estado garantizado en toda Euskadi desde el inicio del curso escolar. Tras el acuerdo, las empresas retomarán “el mismo servicio que ofrecían el curso pasado, en las mismas condiciones económicas que entonces”, tal y como ha indicado el Ejecutivo.

Asimismo, el diálogo entre Departamento de Educación y las empresas fijará las bases para determinar de las condiciones del transporte escolar con vistas a “posibles medidas de corrección que se consideren necesarias”. El Departamento de Educación, además de compartir análisis con las empresas, iniciará próximamente un nuevo proceso de licitación de las rutas que han quedado desiertas, con el objetivo de dotar para al curso 2024-2025 de la máxima estabilidad posible a un servicio fundamental para miles de estudiantes.

POBLEMA ANTIGUO

La entente alcanzada desencalla temporalmente un problema que viene de lejos. Un problema, que hasta este curso sólo se ha logrado solventar a golpe de chequera: con una subida del 24,1% el año pasado para paliar el encarecimiento del carburante más el 7% un año antes. Desde el año 2020, el Departamento de Educación ha presentado tres procesos de licitación, concursos públicos en los que las empresas pueden competir por hacerse con algunas de las 484 rutas. En todo este tiempo, se han presentado un total de 27 recursos a los pliegos de esos concursos públicos ante el OARC –Órgano Administrativo de Recursos Contractuales–, basándose fundamentalmente en que las condiciones económicas presentadas por el Gobierno vasco son insuficientes. Ninguna de las alegaciones en las que se ha cuestionado el presupuesto del contrato ha sido aceptada por el Órgano administrativo.

Además, en las últimas resoluciones, el OARC dictamina mala fe de las empresas y asociaciones al presentar los recursos, de una evidente intención de dilatar el proceso y de argumentos contradictorios, entre otros elementos. Con respecto a las condiciones que el Departamento de Educación ha presentado en esos concursos públicos, se han tomado como referencia los criterios e indicadores de costes recogidos en el Observatorio del Transporte, tal y como solicitó expresamente el sector.

A instancias de Educación, la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha incoado un expediente sancionador por un posible acuerdo entre las empresas para no presentarse a las licitaciones convocadas para el año escolar 2023-2024. En función de la información recabada durante la fase de información reservada, la AVC considera que existen “indicios racionales” de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, respecto de las conductas de 25 entidades en el territorio de Araba, 45 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y “los indicios racionales que motivan la incoación y la calificación que se especifica son de carácter provisional”. De este modo, se inicia ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.