Actualizado hace 6 minutos
El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a abrir una causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por un presunto delito de desorden público por unas publicaciones en su canal de Telegram con "llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación" durante unas protestas agrícolas en febrero de 2024.
Así lo ha decidido la Sala de lo Penal del Supremo en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que remarca que las publicaciones no son "simples manifestaciones de crítica política, protesta social o adhesiones a una movilización sectorial". Se trata de la sexta causa que el eurodiputado tiene abierta en el Supremo.
Los magistrados recuerdan que, en dichos mensajes, se incitó a "la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios", al tiempo que se aludió "la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales" y se asoció la movilización a "fórmulas de coordinación colectiva con aptitud para afectar de modo grave al orden público".
El auto explica que la imputación provisional no descansa en los comentarios violentos efectuados por terceros en el canal de Telegram, sino "en las publicaciones atribuidas al canal controlado por el aforado y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos".
Límites de la libertad ideológica
En este sentido, añaden que la libertad ideológica y el derecho de participación política "protegen de forma especialmente intensa el discurso frente al Gobierno". "Pero tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados", subraya el tribunal.
El Supremo tiene abiertas otras cinco causas sobre el eurodiputado: presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en la lista de su formación; presunta financiación ilegal de SALF; presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.
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