En el PSOE no dan abasto para apagar los incendios judiciales que se vienen desatando en un final de mes de mayo más caliente aún en lo político que en lo meteorológico. El último, cuyas llamas amenazan no solo con quemar a algún cargo concreto, sino también con alcanzar la propia estructura del partido, es el del presunto pago de Ferraz a la exmilitante Leire Díez para que esta obstaculizara procesos judiciales que afectaran tanto a la formación socialista como al entorno más próximo de su líder, Pedro Sánchez.
En el seno del partido admiten que el cariz de caso es “feo, preocupante y desmotivante” para toda su militancia y electorado, pero son tajantes al negar haber "ordenado, amparado ni cooperado" en unos hechos que, en cualquier, circunscriben a la etapa del denostado Santos Cerdán como secretario de Organización. Pero lejos de achicarse ante la creciente presión que ejercen sobre ellos tanto sus socios parlamentarios como el PP, figuras destacadas del PSOE y del Gobierno han preferido pasar a la ofensiva y denunciar el uso de “métodos no democráticos” para derribarlo.
Mientras que este miércoles el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, reiteraba este miércoles por enésima vez que no convocará comicios anticipados aludiendo al “interés general”, el ministro de Transportes, Óscar Puente, fiel a su tono beligerante, iba más allá en su respuesta al aluvión de peticiones de dar por finalizada la legislatura. Así, denunció que existen "mañas" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno. “El Partido Socialista esto no lo va a consentir. Y no vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos que no son democráticos”, añadió Puente.
Es esta una tesis con la que coincidía otro ministro, Ernest Urtasun, al afirmar que es "evidente" que hay una "operación general para derribar al Gobierno". No obstante, en su condición de portavoz del movimiento Sumar, el responsable de la cartera de Cultura, exigía al PSOE más explicaciones ante las "graves" informaciones derivadas de las actuaciones judiciales.
Y desde la filas socialistas, Salvador Illa, tras expresar su respeto por las actuaciones judiciales, decía no ser "ingenuo" ante este tipo de situaciones. "Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es”, añadía el president de la Generalitat.
Al otro lado de la trinchera, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, seguía en sus trece y parafraseando aquel “el que pueda hacer, que haga” acuñado hace tres años por uno de sus antecesores, José María Aznar, insistía en que hará todo lo posible para cambiar al Ejecutivo. "Y cuando digo todo, es todo", incidía, al tiempo que explicaba que, en la actual situación, hay dos opciones: una convocatoria electoral inmediata o que los partidos que sostienen al Gobierno dejen de hacerlo.
Dos agentes de la Policía Nacional delante de la sede nacional del PSOE en Ferraz, este miércoles.
Pero los que han venido siendo socios del Gobierno en esta legislatura no parecen estar por la labor de facilitarle las cosas a Feijóo. El PNV, aunque exige a Sánchez que convoque elecciones este año, descarta apoyar una moción de censura. Exactamente la misma postura es la que defiende Junts, cuya portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmaba respecto a las causas judiciales que asedian al PSOE: “No hay ningún invento en las pruebas que están saliendo. El reino de España se debate toda la vida entre la corrupción del bloque de derechas y el de izquierdas"
Y desde Sumar, si bien aseguran creer a sus socios de Gobierno cuando dicen que el caso de Leire Díez está circunscrito a personas concretas del partido, mostraban, de la mano de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su "vergüenza" por las causas judiciales que afectan al PSOE, garantizando que su espacio político adoptará "las decisiones que sean menester al respecto".