El PNV presiona a Marlaska para prohibir las navajas tras el pacto Pradales-Sánchez

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Tras el acuerdo suscrito al máximo nivel entre el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez el pasado mes de marzo, el PNV presionará este miércoles en el Congreso de los Diputados al ministro competente para prohibir el porte de armas blancas en los lugares públicos, con el objetivo de que Fernando Grande-Marlaska explique en qué punto está la reflexión y los próximos pasos que se van a dar a tal efecto. El diputado jeltzale Mikel Legarda formulará una pregunta al ministro de Interior en la sesión de control para que explique "cómo va a afrontar la constante noticia de agresiones con armas blancas en lugares de uso público".

En su reunión con el lehendakari, el presidente español se comprometió a analizar el Reglamento de Armas para prohibir en su totalidad el porte o uso de armas blancas en lugares públicos incluso aunque sean de tamaño pequeño. El consejero Bingen Zupiria había alertado unos días antes de que el Reglamento de Armas estaba siendo insuficiente para atajar este problema, porque se rige por el tamaño del arma en cuestión, y prohíbe bastones estoque, puñales de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de 11 centímetros. Zupiria había pedido una prohibición total en ámbitos como el ocio nocturno, los festejos o el transporte público. El acuerdo de la Comisión Bilateral presidida por Pradales y Sánchez dio el paso con un compromiso para impulsar el “endurecimiento y clarificación del régimen de control y sanción del porte de armas blancas en espacios públicos”, la “modificación del Reglamento de Armas para reducir ambigüedades y facilitar su aplicación”, la “incorporación de señalización visible en espacios públicos” para informar a la ciudadanía sobre esta prohibición, la “puesta en marcha del Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, con acceso para la Ertzaintza”, y el “impulso de reformas normativas para mejorar la respuesta frente a la reiteración delictiva”. Estas últimas cuestiones tienen que ver con la multirreincidencia. Lo que se plantea es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoja de manera expresa la existencia de varios procedimientos abiertos contra una misma persona para que el juez valore si debe entrar en prisión preventiva, aunque no existan sentencias firmes.

Estos acuerdos, así como la participación complementaria de la Ertzaintza en la redacción de informes sobre los procedimientos de expulsión, quedaron pendientes de su concreción en una futura Junta de Seguridad entre el propio Marlaska y Zupiria, de ahí el seguimiento que está haciendo el PNV. Si la prohibición de armas blancas se canaliza vía reglamento, en principio, sería competencia del Ejecutivo y no quedaría al albur de las mayorías del Congreso. Si se requiere algún cambio en la Ley de Seguridad Ciudadana, sí se necesita el aval parlamentario.

Impuesto a las energéticas

Por otro lado, EH Bildu va a recibir al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, con más presión en otro sentido: con el objetivo de recuperar el impuesto a las empresas de energía. Este debate vuelve a estar sobre la mesa porque el Estado español, junto a otros gobiernos europeos como el alemán, ha solicitado a Bruselas un impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas para que los costes derivados de la guerra en Irán y el sobreprecio en los combustibles no lo soporten en exclusiva los consumidores y los propios estados. EH Bildu, por boca de Oskar Matute, le preguntará en el pleno del miércoles si el Gobierno español está "dispuesto a recuperar el impuesto a las energéticas, aunque Europa no actúe". Dos de las grandes empresas energéticas, Iberdrola y Petronor, tienen sede en Bizkaia, de ahí que el PNV se opusiera en su momento a que el Estado actuara por la vía de una tasa y no un impuesto, porque la tasa no se podría concertar para su recaudación y regulación directa desde las diputaciones forales, que son las competentes para ello. Una arquitectura institucional que conoce el propio Arcadi España, que hasta hace unos días ha sido el secretario de Estado del ministerio de Política Territorial y el interlocutor más directo con la consejera Ubarretxena para negociar la transferencia de competencias.