Política

El PNV plantea varias mejoras para reforzar el apoyo a las víctimas del amianto

La formación jeltzale ha registrado enmiendas a la reforma de la Ley de Discapacidad en el Senado que incluyen también modificaciones a favor de los cuidadores y las familias de menores con cáncer
Un operario retira amianto.
Un operario retira amianto. / EP

Actualizado hace 8 minutos

El PNV ha registrado un total de 13 enmiendas para su tramitación en el Senado de la reforma de la Ley General de la Discapacidad para mejorar los derechos de las personas cuidadoras, familias con menores afectados de cáncer, la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal o la revisión y modificación de la normativa de las víctimas del amianto, entre otras.

De especial relevancia es la enmienda planteada para revisar y reformar la normativa sobre el amianto, un mineral que se empleaba para la construcción hasta que se prohibió en 2001 por el riesgo que supone para la salud. Su exposición, que suele darse por inhalación, puede causar enfermedades como cáncer de pulmón y se ha cobrado la vida de cerca de 2.800 personas en Euskadi en los últimos 20 años.

Los jeltzales reclaman la revisión, en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente norma, la cual esperan que se apruebe el próximo 9 de septiembre, del procedimiento para reconocer el derecho de compensación económica para las víctimas de amianto, con el fin de garantizar una aplicación más ágil, accesible y garantista del sistema de compensación. 

Jon García, extrabajador de la planta de CAF en Beasain y representante de ASVIAMIE, la Asociación Víctimas Amianto Euskadi, explica que "el Real Decreto no ha respetado el espíritu de la ley y lo que dice la ley; solo queremos que sea un fondo para todas las víctimas, tanto las que tengan una invalidez permanente reconocida como las que no, y también para las víctimas ambientales".

Indemnizaciones exentas de IRPF

Junto a esa solicitud, los jeltzales sugieren además una variación fiscal para que las indemnizaciones abonadas por el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto queden exentas del IRPF, lo cual, según detalla García, "supone que te quiten el 40% de la retribución, por lo que esta medida evitaría que los beneficiarios vean incrementada artificialmente su tributación en el ejercicio en el que perciban la compensación".

Por otro lado, García ha puesto sobre la mesa que existen "muchas personas afectadas que no tienen a quién demandar porque la empresa ha cerrado y esa exención del IRPF les aliviaría". Además, el representante de la asociación manifiesta que es una enfermedad "muy traidora", porque aparece a los 20 o 30 años de la exposición, por lo que mucha gente es mayor cuando es diagnosticada. 

La propuesta exige además que las asociaciones de víctimas y los sindicatos participen en la reforma normativa, algo que el extrabajador considera que "está bien que lo planteen, pero no haría falta. Hemos estado varias veces con el Ministerio. Nos reciben, nos oyen. A ese nivel parece que tienen sensibilidad, pero luego no nos hacen ni caso".

El Real Decreto que interpretaba la Ley fue aprobado en 2022 "tras muchísimos años dando vueltas", afirma García. No obstante, la entrada en vigor se produjo finalmente en septiembre del año pasado, cuando las víctimas pudieron empezar a tramitar sus solicitudes. Aun así, el portavoz muestra su malestar y el del resto de víctimas vascas por culpa del amianto y denuncia que "si hubiera voluntad política, sería cuestión de días que se modificara el Real Decreto". 

El representante de la entidad da las gracias al PNV y al Parlamento Vasco en su totalidad: "Agradecemos su actitud, siempre han sido impulsores de esta ley y nos han acompañado a lo largo de los años". Del mismo modo, recuerda que "el Estado español tiene una gran responsabilidad por el enorme retraso en la prohibición de este cancerígeno respecto a otros países europeos y más aún desde la existencia de suficiente evidencia científica al respecto. En el transcurso de este tiempo, el Gobierno no nos ha dado ni la más mínima señal de tener interés en solucionar el problema creado".

De cara a futuras modificaciones de la ley, García afirma que "estaría bien que se ofreciera a los empleados activos que han trabajado con amianto el derecho al coeficiente reductor por jubilación anticipada". 

Por otro lado, también comenta que les gustaría una compensación para la población en general: "Queremos que desde Europa se actúe para la desamiantación definitiva en los próximos años". De tal manera que nadie más sufra lo que han sufrido las víctimas de esta sustancia.

Movilización de la Asociacion Asviamie, asociación de victimas del amianto de Euskadi.

Movilización de la Asociacion Asviamie, asociación de victimas del amianto de Euskadi. David de Haro

Otras enmiendas 

Además de la solicitud de reforma de la normativa del amianto, otra propuesta realizada por los jeltzales es la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal orientado a sufragar el coste, total o parcialmente, de la iniciativa para que los entornos, servicios y espacios sean universalmente accesibles.

Otra de las peticiones es la compatibilidad de prestaciones. Los nacionalistas proponen que las personas en situación de dependencia "podrán hacer uso simultáneo de las prestaciones económicas reguladas en esta Ley y de los servicios del catálogo del Sistema, sin más limitaciones que las derivadas de asegurar idoneidad y eficacia de los cuidados recibidos".

El PNV pone el foco también en la protección de las personas cuidadoras. En la enmienda argumenta que esta Ley hace referencias a la "persona cuidadora no profesional" y con la modificación será denominada "persona cuidadora principal". De este modo, se les otorgan unas medidas de protección al ser consideradas como un colectivo de atención prioritaria para personas en gran dependencia.

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La enmienda incorpora igualmente mejoras en materia de cotización y reclama equiparar determinadas situaciones de monoparentalidad derivadas del abandono del otro progenitor a las mismas medidas de apoyo social, laboral y económicas que las previstas para las mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, el grupo vasco pide reconocer a las familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves una prestación que otorga la Seguridad Social conocida como CUME, destinada a trabajadores progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su actividad laboral para atender a sus hijos. Consideran que es una medida necesaria para “garantizar su reconocimiento y efectiva protección”. 

2026-08-07T15:24:43+02:00
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