El PNV quiere “hablar ya” de la transferencia de la Seguridad Social con discreción

En alguna ocasión se ha comparado la negociación de las competencias que debe gestionar la comunidad autónoma vasca con una compleja labor de orfebrería que requiere dedicación y voluntad política. Pero, entre todas ellas, hay una que destaca como una pieza de porcelana fina, donde el cuidado y el trabajo se multiplican exponencialmente: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha apostado este sábado por “empezar a hablar ya” de esta transferencia porque está recogida en el acuerdo firmado con Pedro Sánchez y en el Estatuto de Gernika. Y apostó por hacerlo desde la “discreción”, sin filtraciones a la prensa hasta que el acuerdo que pueda alcanzarse esté maduro.

En lo inmediato, los gobiernos vasco y español están trabajando para cerrar antes de marzo las tres transferencias que son urgentes en virtud de ese pacto (ferrocarriles, convalidación de títulos universitarios extranjeros y labores de acogida), y el resto debe llegar en un plazo improrrogable de dos años. Hay algunas que podrían avanzar con mayor celeridad porque el Gobierno vasco ya envió ofertas concretas, como la ordenación del litoral. Pero es evidente que, en vista de la complejidad del traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ambas partes tendrán que empezar a desbrozar el camino si se quiere cumplir ese plazo de dos años y tendrán que hablar más pronto que tarde. Es la materia más compleja desde el punto de vista técnico, político y económico.

El Estatuto establece la fórmula de los convenios con el Estado para un traspaso que respete la solidaridad. Euskadi gestionaría la inscripción de las empresas y la potestad sancionadora; la afiliación, altas y bajas de los trabajadores y potestad sancionadora también en este caso, etc. Pero la legislación correspondería al Estado. En este momento, la consejera Garamendi y el ministro Torres, quienes acaban de celebrar su primera cita, están centrados en las tres materias urgentes y las reuniones de trabajo arrancarán la semana que viene, pero a no mucho tardar se va a constituir también la comisión permanente que abordará todo el proceso pendiente.

A Esteban se le preguntó por las tres transferencias urgentes en Radio Nacional de España, donde dijo que ya se está trabajando en el intercambio de documentación. Se le preguntó cuándo se tendría que empezar a hablar de la Seguridad Social. “Yo creo que tendríamos que empezar a hablar ya este año que viene”, comenzó a decir, cuando le salió al paso otra pregunta de la entrevistadora: “¿Antes de las elecciones vascas?”. “Sí, tendríamos que empezar a hablar” pero con discreción, contestó. Esteban adelantó que él no va a filtrar nada a la prensa, que ya han dicho en público que están hablando sobre estas cuestiones y que hay que abordarlo, “es parte del acuerdo y del texto estatutario”. “Creo que tienen que ser unas conversaciones con discreción para que pueda avanzar y, cuando esté maduro, darlo a conocer”, defendió. Sobre si ve al Gobierno español más receptivo que en anteriores legislaturas, vino a decir que sí, pero por necesidad: “Sí, pero porque a la fuerza ahorcan”. Recordó que Sánchez necesita ahora a todos los grupos.

Este traspaso ha sido históricamente un tabú, y todavía sobrevuelan mitos y prejuicios que hacen más delicada aún esta negociación y abocan a las partes a abordarla con discreción frente a la presión de la derecha española y determinados colectivos de funcionarios.

Decreto anticrisis

A Esteban también se le preguntó por el próximo decreto anticrisis de Sánchez y sobre qué medidas debería prorrogar. Cuando fue entrevistado, aún no tenía a su disposición el texto y pidió que los grupos que apoyaron la investidura puedan analizarlo. Quiere echar un ojo a las medidas del transporte público, porque afectan a las instituciones vascas, y plantearse si es efectivo mantener de manera generalizada y sine die el descuento en el IVA de los alimentos, que al final puede repercutirse al cliente subiendo los precios y que quizás habría que valorar si se mantiene solo para productos básicos o en sectores productivos que necesitan ayuda.